Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) aprobaron hoy fijar el tipo general del IVA en un mínimo del 15% de forma permanente, por lo que la tasa podrá ser superior a esa cifra, como en España, donde alcanza el 21%, pero no inferior.
Según explicó el Consejo de la UE (los países) en un comunicado, esta medida "previene divergencias excesivas en las tasas del IVA en los Estados miembros" y "elimina el riesgo de distorsiones en la competencia mediante tasas de IVA más bajas que tendrían un impacto en las compras y el comercio transfronterizos".
La tasa mínima del 15% en el tipo general se ha mantenido de forma provisional desde que ese impuesto se aplicó por primera vez en 1993.
Se extendió por última vez en mayo de 2016 para dos años y esa prolongación expiró el 31 de diciembre de 2017. En cualquier caso, las propuestas para sustituir el sistema transitorio actual del IVA con un mecanismo definitivo se están debatiendo en el club comunitario.
La Comisión Europea ya hizo públicos sus planteamientos en enero y mayo de 2018. Para aprobar la directiva era necesaria la unanimidad de los Estados miembros, pero no requiere el aval de la Eurocámara.
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han acordado nuevas medidas para mejorar la cooperación entre las autoridades tributarias de los Estados miembros con el fin de atajar el fraude con el IVA.
Según los cálculos comunitarios, los países dejan de recaudar cada año entre 150.000 y 160.000 millones de euros por fallos en el sistema del IVA y se pierden 50.000 millones solo por el fraude en operaciones transfronterizas.
Las nuevas normas refuerzan el intercambio de información entre las autoridades tributarias
El ministro de Finanzas búlgaro, Vladislav Goranov, cuyo país ostenta la presidencia de la UE este semestre, dijo que estas cantidades son "inaceptablemente altas" y que "mejorar la cooperación entre las administraciones fiscales es esencial para acabar con el fraude".
Las normas refuerzan el intercambio de información entre las autoridades tributarias, que ahora compartirán de forma sistemática los datos sobre grupos organizados envueltos en los casos de fraude más importantes.
Además se introducen nuevos instrumentos que permitirán, por ejemplo, llevar a cabo investigaciones administrativas conjuntas, y se potenciará el uso de sistemas informáticos para reemplazar totalmente el procesamiento de la información a mano.
El objetivo es atajar algunas de las formas más comunes de fraude, como el denominado fraude de carrusel que se produce cuando las mercancías son compradas y vendidas a través de las fronteras sin que nadie pague el IVA.
También el fraude en el comercio de automóviles de segunda mano o el abuso de los esquemas que permiten eximir de IVA las importaciones de ciertos bienes.
La regulación, propuesta en 2017 por la Comisión Europea, busca atajar las deficiencias encontradas en 2016 por el Tribunal de Cuentas, que advirtió además de que la falta de datos comparables entre los países minaba los esfuerzos comunitarios de luchar contra esta lacra.
La medida, adoptada por unanimidad, será ahora publicada en el diario oficial de la UE y entrará en vigor 20 días después, ya que la Eurocámara no tiene que avalarla.
Las medidas para intercambio automático de información de aduanas y registro de vehículos, sin embargo, no se aplicarán hasta enero de 2020 para dar tiempo a desarrollar la tecnología que requieren.
