El Gobierno avanza en las negociaciones con las Comunidades Autónomas para lograr un consenso de reforma de financiación autonómica. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, planteará abiertamente la posibilidad de reestructurar la deuda autonómica pero con el objetivo de que las CCAA tengan una vuelta ordenada a los mercados financieros, "estableciendo un calendario para la retirada gradual" del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que se creó en 2012 para evitar la quiebra de las comunidades. Hacienda considera necesario establecer un nuevo mecanismo extraordinario para atender a las regiones que vuelvan a tener problemas financieros. La idea principal de Montoro es que se reduzca paulatinamente la dependencia de las comunidades del FLA, "de manera que su utilización sea cada vez más extraordinaria y motivada por una verdadera necesidad de liquidez o por la existencia de situaciones financieras muy graves".
La reestructuración de la deuda autonómica se ha convertido en uno de los pilares de la reforma de financiación de las CCAA. El último informe del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE), al que ha tenido acceso elEconomista y que servirá como base de negociación del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de las Comunidades Autónomas que convocará el Gobierno en las próximas semanas, recoge "la conveniencia de acometer una reestructuración transparente de la deuda de las CCAA con el Estado ampliando plazos o modificando tipos de interés para facilitar su vuelta ordenada a los mercados".
El documento, que ha sido remitido a los gobiernos regionales para incluir sus puntos de vista, contiene las conclusiones de las reuniones mantenidas desde diciembre por CCAA y el Ministerio de Hacienda. En él se destaca que "dada la mejora de situación financiera y de liquidez de las CCAA" existe "la conveniencia de revisar los mecanismos adicionales de financiación", como el FLA, para que las comunidades "puedan iniciar un proceso ordenado de retorno a los mercados, estableciendo un calendario para la retirada gradual de dichos mecanismos".
La reestructuración no sólo estará condicionada a que las CCAA apelen de nuevo al mercado de capital de forma autónoma, sino también al cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. No obstante, el informe incluye la propuesta de algunas comunidades de un sistema de incentivos que podría afectar al importe de los créditos que ostente el Estado y a sus condiciones financieras.
FLA, a condiciones de mercado
Pero los incentivos no serán la única manera con el que Gobierno motive a las CCAA para emitir deuda en el mercado. Considera apropiado endurecer las condiciones de financiación de los actuales mecanismos de financiación, como el FLA que ha permitido refinanciar deuda autonómica a tipos muy bajos, a los niveles actuales del mercado, "aprovechando el entorno favorable y los bajos tipos de interés para alargar los plazos de su endeudamiento, con respeto en todo caso al principio de prudencia financiera". En la práctica, supondrá un aumento en el coste de financiación en el momento que comiencen a subir los tipos de interés y supondrá una pérdida de atractivo acogerse al FLA por parte de las CCAA.
Sin embargo, las CCAA no perderán el colchón de seguridad en la futura reforma de financiación autonómica. Hacienda propone la creación de un nuevo fondo de financiación extraordinario que "permita atender posibles situaciones excepcionales" y que solo sea utilizado en caso de "una verdadera necesidad de liquidez o por la existencia de situaciones financieras muy graves". Este nuevo sistema seguirá regido se considera adecuado que los principios y condiciones por el cumplimiento de las reglas de consolidación fiscal.
Capacidad tributaria y cesión de impuestos
El informe que maneja el Gobierno también repasa la capacidad tributaria de las CCAA y el conjunto de recursos tributarios cedidos por parte del Estado. Hay una predisposición por parte de Hacienda de una armonización del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Actividades de Juego y el Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito (IDEC). Las CCAA reciben ya en la actualidad los rendimientos generados en su territorio de los tres impuestos mencionados, pero no a través del Sistema, sino al margen de él. El departamento de Montoro aboga por integrarlo de una vez en el sistema.
La posición mayoritaria de las CCAA sobre el IP ha sido la de mantener el impuesto, apostando por la homogeneización de su base imponible y la simplificación de algunas exenciones y deducciones y bonificaciones de la cuota, así como por el establecimiento de niveles mínimos de tributación que eviten deslocalizaciones fraudulentas.
En el ITPAJD, las CCAA, también, defienden la necesidad de modificar la regulación de la base imponible sustituyendo el concepto de valor real por valores objetivos que minimicen la conflictividad. En ocasiones se plantea también introducir como nuevo medio de comprobación de valores el valor de referencia determinado por la Dirección General del Catastro. Y en el ISD las CCAA quieren mantenerlo pero apelan a la necesidad de revisar y actualizar su normativa. "No obstante, no existe consenso en relación con algunos aspectos técnicos, como la posibilidad de mantener el impuesto estructurado en base a una tarifa progresiva o bien establecer tipos fijos en función del grado de parentesco o sobre la supresión o modificación de reducciones, entre otros", indica Hacienda en el documento.
Otras de las pretensiones de las CCAA son obtener mayor participación en los tres grandes impuestos del Estado como IRPF, IVA e Impuestos Especiales. Hasta ahora parte de ellos están transferidos. Hacienda se opone a la modificación de estos tributos y alude a que no hay consenso al respecto. Además, señala en cuanto a la posibilidad de instrumentar un tramo colegiado en el IVA o los Impuestos Especiales, "muchas CCAA han puesto de manifiesto en el CTPE las dificultades de su implementación, tales como que el nivel existente de tipos de IVA podría considerarse ya elevado o el hecho de que un instrumento de estas características podría generar competencia fiscal entre las CCAA y el Estado para anticiparse en la ocupación de un determinado espacio fiscal".
También rechaza el posible aumento de cesión del IRPF como propuesta alternativa a los impuestos colegiados "porque alteraría la capacidad redistributiva de la Administración central, por lo que se considera que no procede una modificación de esta cesión".