La Intervención General de la Región de Murcia, el órgano fiscalizador de esta comunidad autónoma, alertó en varios informes entre 2014 y 2015 de posibles irregularidades en los contratos firmados por ACS con la desaladora de Escombreras.
En concreto, Murcia tiene un contrato con Tegadua, una filial de ACS, para el mantenimiento y la explotación de la desaladora, encargada del abastecimiento de agua en el área de Cartegena, y otro con Hydro Management, la empresa que construyó la fábrica y que está controlada igualmente por la compañía que preside Florentino Pérez, para el arrendamiento de las instalaciones.
Los informes de la Intervención General, a los que ha tenido acceso este periódico, se publicaron justo después de que el expresidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, anunciara el 3 de abril de 2014 su dimisión como presidente autonómico, para formar parte de la candidatura del Partido Popular en las Elecciones Europeas. El 15 de octubre de ese mismo año, la Intervención aseguró ya que "se han puesto de manifiesto discrepancias relacionadas con los precios facturados por Tedagua".
Informe de mayo de 2015
Pero un año después, en otro informe publicado el 18 de mayo de 2015, la Intervención General fue incluso un paso más allá y aseguró respecto a la sociedad pública Desaladora de Escombreras que "el diseño inicial de la operación formalizada en 2006 a través del contrato de arrendamiento de construcción futura y el resto de contratos, implicaba unas obligaciones de pago superiores a la cifra que negocio que podría lograr la sociedad", que se encontraba en una situación de insolvencia. La empresa Desaladora de Escombreras fue constituida por ACS el 25 de enero de 2006, firmando entonces todos los contratos de gestión, mantenimiento y alquiler de las instalaciones.
El problema es que tan solo unos días después, el 17 de febrero de 2006, el Gobierno de Murcia aprobó que el Ente Público del Agua constituyera la sociedad Hydronostrum para que adquiriera, ya con los contratos firmados, el 51 por ciento de Desaladora de Escombreras, asumiendo así unos compromisos de pago. Al margen de la Intervención General de Murcia, Auditeco, la firma que auditó las cuentas de la sociedad señaló así en los informes correspondientes a 2011, 2012 y 2013 que "los precios de venta se encuentra establecidos en un contrato entre ambas partes y no en función de los precios del mercado".
En un informe posterior, la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Presidencia de Murcia admitió, de hecho, que todos los contratos para el arrendamiento, operación y mantenimiento de las instalaciones se suscribieron por empresas que "pertenecían al mismo grupo empresarial privado (ACS) y, por lo tanto, con anterioridad a que Desaladora de Escombreras pasara a ser pública.
