La Seguridad Social está enferma. Ningún médico se atreve a decir su diagnóstico, pero todos tienen clara una cosa: su enfermedad es crónica y no se va a curar de hoy para mañana. Incluso algunos se atreven a decir que lo que tiene es incurable, se puede paliar, pero que igual no se cura nunca. Su principal síntoma es el déficit, esos números rojos que empezó a sufrir en 2012 y que es probable que nunca abandone.
Para hacerlo, para curarse, o al menos paliar los síntomas, la Seguridad Social tiene que hacer frente a dos retos: uno, el actual, puramente económico, y otro a medio plazo, el demográfico. Ambos amenazan con conformar la tormenta perfecta y llevarse por delante el pilar más importante de nuestro Estado del Bienestar y, sobre todo, podría afectar a algo que hasta ahora nunca se ha puesto en duda: el pacto intergeneracional que sostiene las pensiones.
España, como la mayoría de los países de nuestro alrededor, tiene un sistema de reparto, que se basa en que las pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores actuales, que lo financian con la confianza en que las siguientes generaciones financien las suyas. Pero, ¿sobrevivirán el sistema y el propio pacto intergeneracional a esta crisis?
Cinco años de déficit del sistema
Para analizar el problema económico, es bueno saber primero de dónde viene la financiación de la Seguridad Social. En primer lugar, las cotizaciones sociales, procedentes de lo que pagan los actuales ocupados. En España es un 28,3% del sueldo con un límite de 3.751,20 euros al mes. Esto significa que, como máximo, cada trabajador paga 1.061 euros al mes de cotizaciones sociales (el 28,3% de 3.751,20 euros) aunque gane 5.000 o 10.000 euros al mes. En segundo lugar, las aportaciones vía presupuestos generales del Estado. El Estado se encarga de los llamados complementos a mínimos y algunas otras partidas, asignando una cantidad anual en los PGE.
Desde 2012, las cotizaciones son insuficientes para pagar las pensiones y con las aportaciones del Estado tampoco se alcanza el equilibrio, por lo que el Gobierno abrió una vía para pagar las pensiones sin necesitar más recursos del presupuesto: utilizar primero el fondo de Reserva y, ahora que está casi agotado, recurrir a la deuda.
El año pasado fue necesario emitir 10.000 millones de euros de deuda y este año la cantidad se espera cercana a los 15.000 millones. ¿Hasta cuándo va a estar el Estado cubriendo con deuda el déficit de la Seguridad Social? Pues al menos hasta 2020, ya que las previsiones de Hacienda indican que en 2020, cuando se espera recuperar la cifra de 20 millones de ocupados, el sistema seguirá en números rojos. La propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima en 10.000 millones de euros el déficit crónico de la Seguridad Social.
Mejorar las cuentas del sistema en un entorno en el que los salarios crecen muy lentamente y las pensiones lo hacen rápidamente es el primer reto del sistema, puramente económico y hasta ahora, de todas las reformas realizadas, sólo una de ellas: el aumento del número de años que se computan para calcular el importe de la primera pensión, está teniendo una cierta incidencia sobre ello.
El reto demográfico y las reformas
A medio plazo, el reto tiene mucho más que ver con la demografía y con la perspectiva de que España sea uno de los países con mayor tasa de dependencia del mundo por la baja natalidad. Las reformas llevadas a cabo en 2011 y 2013 tienen como objetivo fundamental hacer sostenible el sistema de pensiones incluso décadas después de que se jubilen los que nacieron durante el baby boom de finales de los 60 y primeros de los 70.
El aumento de la edad de jubilación, el cómputo de los últimos 25 años de la vida laboral para calcular la primera pensión, la introducción del factor de sostenibilidad y el establecimiento del índice de revalorización de las pensiones, que condena a los pensionistas a una eterna subida del 0,25% anual, moderando las pensiones de ahora en adelante.
Dado que las reformas se han llevado a cabo mirado al futuro, es pronto para evaluar si serán suficientes. Es probable que jubilarse a los 67 años al final quede como un sueño y los que nacimos en los 80 tengamos que trabajar hasta cumplidos los 70, o que toda nuestra vida laboral se tenga en cuenta para calcular la pensión. Lo que sí sabemos es que ésta será mucho más baja. Este mismo miércoles, la Comisión Europea insistía en algo que ya había calculado antes: la tasa de reemplazo (porcentaje del último sueldo que supone la primera pensión) bajará del 80% actual al 50% en 2060, es decir, los que nacimos en los 80 y los 90 tendremos una pensión menor, si es que llegamos a tener.
Las 'sorprendentes' protestas de los pensionistas
Dado que el futuro del sistema parece más o menos resuelto, aún a costa de que las generaciones que están entrando ahora en el mercado laboral tengan pensiones relativamente bajas, sorprenden las dificultades que está teniendo el Gobierno para resolver los problemas que ponen en jaque al sistema hoy en día.
El Gobierno se encuentra ante el brete que le plantea una de sus principales fuentes de votos: una demanda para subir de todas las pensiones más del 0,25% establecido para este año. Todos los grupos de la oposición se han puesto del lado de los pensionistas, lo que ha hecho al Gobierno recular de su posición inicial y abrir la puerta a cambiar el índice de revalorización de la pensión.
Por un lado, el Gobierno sabe que la subida complicaría aún más la situación financiera de España. Obligaría a dedicar toda la recaudación extra generada por la recuperación a las pensiones y probablemente emitir más deuda, cuando el nivel sigue rozando el 100% del PIB. La otra opción es mejorar su financiación vía presupuestos, desviando algunos gastos (como las bonificaciones a la contratación o las pensiones de viudedad), pero al final eso también exigiría obtener nuevos ingresos o hacer recortes en otras partidas si el Gobierno no quiere volver a ampliar el déficit público.
Por otro lado, el Ejecutivo sabe que el de los pensionistas ha sido uno de los colectivos que mejor ha sobrellevado la crisis. Al cierre de 2016, los hogares formados por mayores de 65 años eran un 9% más ricos que antes de la crisis, mientras que los jóvenes era un 7% más pobres. En 2014, incluso los hogares formados por personas mayores de 65 años fueron los que tuvieron más renta de todos.
Aunque hay una gran disparidad entre los diferentes tipos de pensionistas (y sus rentas), lo cierto es que su riesgo de pobreza está muy lejos del que registran otros colectivos, como niños, jóvenes e inmigrantes. Aún así, más de un 60% no llega a cobrar mil euros, lo que, ahora que la inflación ha empezado a repuntar, ha hecho crecer las protestas por la mínima subida de este año.
De cómo se resuelve esta encrucijada a corto plazo puede depender el futuro de todo el sistema. Hasta ahora, los jóvenes, que tendrán que sostener el sistema hasta dentro de unas décadas, no ha protestado, pero quién sabe si la resolución de este conflicto acabará generando una guerra generacional.
