El ministro de Energía, Álvaro Nadal, limitó este miércoles en el Congreso de los Diputados el impacto del ajuste a la retribución del sector eléctrico y gasista que está preparando su departamento a cerca de 300 millones de euros, aunque añadió que el impacto definitivo dependerá de los cálculos que realice la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.
Tal y como explicó el ministro, el Gobierno pretendía incluir este jueves varias enmiendas a la Ley de medidas urgentes contra la sequía que se tramita en el Senado, pero durante su comparecencia cambió de opinión e indicó que tras el rechazo mostrado por la Comisión de Industria estas propuestas se tramitarán como proposición de ley.
La intención del Ministerio es recortar en cerca de 100 millones los pagos que se realizan por el llamado factor de retardo que retrasa en dos años los ingresos que reciben las centrales. En estos momento se aplica un interés del 10% y la pretensión del Ministerio es rebajar esta cantidad.
A esta propuesta se suma también otro recorte por cerca de 70 millones que se obtendría de revisar los plazos de amortización de los activos, tal y como solicitaron los pequeños distribuidores y en línea con la petición de lesividad que el Gobierno presentó en septiembre del año pasado al Tribunal Supremo y cuyo objetivo es adelantar su aplicación en un año.
Además, Energía calculará -a petición de Red Eléctrica- la eficiencia de las centrales extrapeninsulares y concluyó que puede reducirse entre 15 y 20 millones de euros su retribución, lo que afectaría a Endesa. Asimismo, el ministro quiere facilitar la instalación de postes eléctricos y permitir que los cruceros o aeronaves puedan conectarse al sistema eléctrico.
Por su parte, en el sector gasista el ajuste también procede de una petición de la CNMC en relación con los activos previos a 2001. El Gobierno en previsión de que vaya a realizar este ajuste quiere habilitación para poder modificar estos pagos.
El ministro Nadal cifró el impacto de esta medida entre cero y 50 millones de euros, una cantidad notablemente alejada de la cifra que se ha manejado en los documentos que elaboró el propio Ministerio y que reconocía recortes de hasta 385 millones anuales (750 millones en dos años).
Por otro lado, Nadal anunció que su intención es mantener congelados los peajes eléctricos durante toda la legislatura y recordó que llevan ya cinco años así lo que ha incrementado la estabilidad de la tarifa eléctrica, que ahora está a la baja.
Asimismo, en referencia al año 2020, el ministro apuntó que se debe producir la modificación del régimen retributivo de las actividades reguladas, lo que según sus estimaciones permitirá reducir los costes del sistema en unos 1.500 millones de euros.
Además, Energía quiere tomar medidas urgentes para evitar el fraude en la comercialización de hidrocarburos. El objetivo es exigir más garantías a quienes vendan hidrocarburos para que no puedan defraudar a Hacienda.
Curiosamente, gran parte de estas medidas que califica el Gobierno de urgentes no fueron incluidas en el plan normativo presentado en Moncloa a finales de año.
El Ejecutivo asegura que tendrá que adaptar la regulación al paquete de invierno y fijará entonces el objetivo de renovables. En opinión de Nadal se cumplirá el objetivo de energías verdes o los ganadores de las subastas tendrán que hacer frente a los pagos previstos por los avales. Con la potencia prevista se alcanzaría el 19,3% de los objetivos de renovables.
Justificación del pago
Por otro lado, el ministro explicó en la Comisión la sentencia del Constitucional sobre el Castor. Nadal justificó la rapidez del pago a ACS en que se hizo para evitar la quiebra del proyecto en un momento de debilidad del euro y en el que los ojos de Europa estaban sobre España. Además, añadió que se intentó evitar el pago, pero el Supremo no permitió sacarlo del sistema.
Nadal explicó que tras la entrada en vigor de la sentencia del Constitucional pidió a la CNMC que la aplicara y es lo que ha hecho al dejar de pagar estas cantidades. Esta situación, auguró, provocará un incremento de la litigiosidad.
El ministro no estimó el miércoles el coste que pudiera ocasionar esta decisión al erario público, ni cómo se va a pagar a las entidades como el Santander, Bankia o CaixaBank que participaron en la titulización de la deuda de esta infraestructura.
Nadal acusó al Gobierno socialista de haber aceptado cualquier pago por el Castor, "incluso si le hubiesen prendido fuego, hubiesen cobrado" y evitó hacer comentarios sobre las alusiones de la oposicion a los negocios en el palco del Real Madrid de Florentino Pérez.
El ministro también explicó que hay que esperar para el desmantelamiento de la planta porque el informe del Instituto Tecnológico de Massachusets decía que se debe asentar bien la falla para que se pueda realizar otro tipo de operaciones. Según Nadal, hay que estar dos o tres años antes de poder tomar una decisión definitiva para evitar que los terremotos que provocó la planta puedan repetirse.
Pagarán el cierre de las nucleares
Energía planteará un cambio normativo para que la responsabilidad de desmantelar las nucleares pase de Enresa a las eléctricas. El ministro ha explicado que España es el único país en el que el desmantelamiento de una nuclear "es responsabilidad de todos" y ha añadido que la evolución del fondo de Enresa, que se nutre de las aportaciones de las eléctricas, depende de su rentabilidad financiera, que se ha visto perjudicada por la bajada de los tipos de interés.
Por ello, ha añadido, el cierre de cualquier central nuclear, como ocurre con Garoña, "supone una aportación adicional del sector público". Por este motivo, Energía quiere que el desmantelamiento lo paguen las empresas.
