Europa tiene demasiadas prioridades y un agujero en su Presupuesto común de entre 12.000 millones y 15.000 millones de euros al año que dejará la salida del Reino Unido en 2019. Por eso, la Comisión Europea tiene previsto presentar en los próximos meses un nuevo impuesto para aumentar sus ingresos sin pedir más dinero a las capitales. El objetivo a la vista es el plástico. Porque como señaló ayer el comisario de Presupuestos Günter Oettinger, el consumo de plásticos de la UE es "demasiado alto".
La cruzada contra los plásticos es global. Kenia incluso amenaza con penas de cuatro años de prisión y multas de hasta 40.000 dólares a quienes produzcan, vendan o incluso utilicen bolsas de plástico. Además, China ha dado un portazo a las importaciones de desechos plásticos de otras partes del mundo, destino hasta el pasado 1 de enero de gran parte de estos productos altamente contaminantes.
Oettinger explicó ayer que esta nueva tasa europea se incluirá como parte de la propuesta para el próximo Presupuesto plurianual a partir de 2020, cuyo borrador se presentará este mes de mayo. El Ejecutivo comunitario estudiará en las próximas semanas el enfoque apropiado para esta nueva tasa, si conviene cobrarlo al inicio de la cadena de producción o al consumidor.
Este impuesto, al que se podría sumar el desvío de los ingresos por los derechos de emisiones de CO2 que actualmente van a las arcas nacionales, apenas servirán para cubrir las necesidades crecientes, también en materia migratoria o de seguridad, y bordear el Brexit.
Por eso, Oettinger ya avisó ayer que ninguna partida del Presupuesto comunitario escapará de la tijera la próxima década, salvo los fondos dedicados a los jóvenes (Erasmus) y a investigación (Horizonte 2020). Pero sí en las políticas de cohesión y de agricultura, las cuales absorben las dos terceras partes del billón largo de euros que ha gastado la UE entre 2014 y 2020.
Ello coincide con la ofensiva del Gobierno británico contra lo que percibe como falta de claridad de la UE en torno a la relación que pretende establecer después del divorcio. La estrategia desafía la convención comunitaria de que es Londres el que debe concretar a qué aspira tras el Brexit y está promovida por uno de los ministros de Theresa May menos sospechosos de eurofobia: el del Tesoro, verdadero adalid de mantener lazos con Europa.
Continúa el tira y afloja
Su intervención no es fruto de la casualidad a apenas diez meses del teórico plazo para un principio de acuerdo de divorcio, como tampoco el lugar. Philip Hammond eligió Alemania, plaza clave para el éxito de las demandas británicas, donde apeló a una solución "a medida" para Reino Unido que "no se restrinja a los modelos que ya existen".
Dada la "queja reiterada" de Bruselas por la indeterminación de Londres, Hammond advirtió de que "se tienen muy pocas señales, o ninguna", sobre qué relación quieren los Veintisiete una vez finalizado el "período de implementación" posterior al 29 de marzo de 2019.
El responsable del Tesoro avanzó el interés británico en "maximizar el punto de partida único" que representa haber formado parte del bloque, especialmente en lo referente a la excepcionalidad de los servicios financieros, aunque el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, ha descartado reiteradamente un trato especial para la City.
