
La declaración de Carme Forcadell ante el Supremo, en la que proclamó que la DUI fue exclusivamente simbólica y se comprometió a acatar la legalidad, fue presentada ayer por el Gobierno como la prueba del éxito de la activación del artículo 155 de la Constitución. La posición ante el juez de la presidenta del Parlament le valió que el Tribunal Supremo rebajara la severidad de las medidas que solicitaba la Fiscalía, concediéndole la posibilidad de eludir la prisión con el pago de una fianza de 150.000 euros.
Ayer, minutos después de las dos de la tarde, Forcadell abandonaba la cárcel de Alcalá Meco después de que la ANC abonara la cantidad exigida. El dinero salió de la caja de solidaridad de la asociación, una cuenta cubierta con donativos de los fieles al procés.
"Me parece muy bien esa declaración", aseveró el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, para quien la posición de la presidenta de la cámara catalana indica que "la vuelta al orden constitucional empieza a ser una realidad" en Cataluña, justo lo que se pretendía con la aplicación del 155.
El alivio del Gobierno, sin embargo, va más allá de darle la razón con la intervención en Cataluña. Y es que la permanencia de Forcadell en prisión habría crispado aún más los ánimos del independentismo. "Todo lo que contribuya a que la preparación y el desarrollo de las elecciones se produzca de forma calmada es una buena noticia", subrayó el titular de Exteriores, Alfonso Dastis, en la Cope.
La presidenta del Parlament, que esquivó a los medios a su salida de la cárcel, sí manifestó a través de Twitter estar con la "conciencia tranquila" y deseó la pronta liberación de los Jordis, Oriol Junqueras y los otros siete exconsellers en prisión, pero con un tono nada beligerante con el Estado. Forcadell es consciente que debe extremar la cautela en sus actos porque, tal y como le advirtió el Supremo, el incumplimiento de cualquiera de sus medidas cautelares supondrá su inmediato ingreso en prisión.
El vértigo de verse en prisión
La actitud y el tono desplegado ayer por Forcadell poco tienen que ver con la declaración institucional que protagonizó el 21 de octubre, día en que Mariano Rajoy anunció las medidas del 155. "No daremos ni un paso atrás" para hacer frente al "golpe de estado", proclamó. Según fuentes judiciales, el vértigo de verse en la cárcel fue clave en el giro de la presidenta de la Cámara catalana y el resto de miembros de la Mesa. Después de que en un primer interrogatorio ni ella ni sus compañeros convencieran al instructor de la causa, Pablo Llarena, éste les advirtió de que su actitud derivaría en que, tal y como solicitaba la Fiscalía, decretara prisión incondicional. Este aviso, según las mismas fuentes, provocó un cambio en las declaraciones de los querellados que, entonces sí, se mostraron dispuestos a acatar la legalidad y se comprometieron a no volver a cometer ningún acto ilícito.
En los próximos días, el Supremo decidirá si reclama para sí la parte del caso que instruye la Audiencia Nacional.