El pulso que mantienen el Ministerio de Hacienda y la Generalitat prosiguió este martes, día en el que vencía el plazo de 48 horas que Cristóbal Montoro había concedido al presidente catalán, Carles Puigdemont, para aprobar un Acuerdo de No Disponibilidad sobre el gasto no esencial y comunicar la lista de compromisos de pago pendientes. Puigdemont no hizo ni lo uno ni lo otro, y el gabinete de Montoro se vio obligado a salir a la palestra y avisar de que, desde este miércoles, todos los movimientos y las cuentas en manos del Govern quedan bajo supervisión. Directamente congelados. La medida afecta a unos 4.500 millones de euros.
Tal y como publicó el BOE el sábado pasado, la banca tendrá que poner en conocimiento del Ministerio Fiscal o del Sepblac cualquier "pago, transferencia o movimiento que tuviera relación con actividades ilegales, o contrarias a las decisiones de los tribunales". Y esta orden no afecta únicamente a los movimientos que la Generalitat pudiera efectuar con su propia tesorería (unos 250 millones mensuales a través de impuestos como el de Patrimonio), sino que se extiende "a todo". A su propia tesorería y a todo el presupuesto de gasto, el que se destina a Justicia, o a Transporte, o a incentivar la actividad económica, entre otros muchos ejemplos.
Así se lo confirmaron fuentes del gabinete de Montoro a elEconomista, recordando que cualquier operación de la Generalitat tendrá que llegar a la entidad financiera con un compromiso firmado por el interventor de que se trata de un movimiento que en ningún caso irá destinado a financiar actividades ilegales, como el referéndum del 1 de octubre.
Si la banca aprecia algo sospechoso, dará traslado al ministerio fiscal. Si no hay evidencias sobre actividad delictiva, Hacienda procederá a dar su permiso para el desembolso. O no. Porque lo que transmiten desde el equipo de Montoro es que los altos cargos del Govern "están con las manos atadas y no pueden hacer nada". El gasto esencial, para Sanidad y Educación, obra en manos del Estado, que desembolsa en ellos 1.400 millones al mes. Y el no esencial pasa a vigilancia estrecha del sector financiero y del propio Estado.
El anuncio de intervención de las cuentas de la Generalitat por parte del Ministerio de Hacienda, que cada día llega un poco más lejos, no tiene precedentes. No es la primera vez que el departamento que encabeza Cristóbal Montoro ha de echar manos de mecanismos de presión habilitados en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para meter en cintura a alguna autonomía díscola (el año pasado, mismamente, Hacienda asumió el pago a proveedores extremeños por incumplir aquella región sistemáticamente los plazos de pago legales).
Sin embargo, los anuncios del viernes pasado y el de este martes van más allá que nunca, suponen dejar casi sin competencias financieras a los responsables del Govern... y habilitan el camino para, incluso, asumir por completo la tutela de sus finanzas. Más aún si, como parece, Puigdemont prosigue en su estrategia de desobediencia. De cualquier manera, y al tratarse de unas medidas jamás utilizadas, surgen dudas razonables en todos los estamentos. Por eso Hacienda está sumergida en estos días en un sinfín de reuniones.
Sigue la desobediencia
El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, intentó dejar sin efecto las medidas de Hacienda recurriendo al Supremo. Y este martes salió a la palestra a decir que el Alto Tribunal había estimado su recurso y, por tanto, se paralizaba la orden del Consejo de Ministros.
En otro hecho sin precedentes, el Supremo tuvo que advertir de que no decidirá sobre el asunto hasta pasado el 1-O, pero mientras que ese veredicto llega, las medidas de Hacienda son de plena validez. "Han tenido que salir a decir que Junqueras mentía", dicen en el Ministerio, asombrados en parte por la deriva del Govern.
Por ahora, y más allá del secuestro de todas las cuentas y movimientos de la Generalitat, el equipo de Montoro rebaja el tono y ni menciona el artículo 155, pese a que algunas voces reclaman que el ministro acuda ya al Senado para dotarse de una mayoría absoluta que le valide a la hora de retirar una competencia al Govern.
Lo que Hacienda sí deja claro es que la deriva de Puigdemont y Junts Pel Sí puede acabar afectando a terceros. La sanidad y la educación no están en riesgo, porque al ser gasto esencial depende desde el sábado del Estado. Pero, ¿qué pasa con los funcionarios? ¿Y con el resto del gasto? El Govern está abriendo un problema de peores consecuencias.
Funcionarios en riesgo
Es a inicios de la próxima semana cuando Hacienda debe trasladar la orden al sector financiero para pagar las nóminas de los funcionarios, pero el martes, aún, no habían recibido la relación de manos de la Generalitat. ¿Significa esto que pueden quedarse sin cobrar? "Sin duda. Si no nos dan la lista, no podemos pagar. Eso es así", advierten desde el entorno de Montoro, recordando que la pelota vuelve a estar en el tejado de la Generalitat.
E igual que con los funcionarios sucede con el resto de compromisos de pago pendientes en ámbitos no esenciales. "No nos han comunicado nada. Es muy grave. Nos tienen que facilitar una lista, porque les hemos cerrado las llaves de la caja. Pero sin esa lista es evidente que no podemos pagar", aseguran las mismas fuentes, quienes aun así tranquilizan y advierten de que esos gastos no tienen que ver con el pago a proveedores, salvaguardado a través del FLA y de la plataforma electrónica FACE.
Moncloa no esperaba que los dirigentes independentistas fueran a llegar tan lejos, pero sí advierten de que prepararon diversos escenarios en virtud de la magnitud del desafío, que crece por momentos. "Todo sin salirnos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria", concluyen.
Hoy darán más explicaciones
Este miércoles, Cristóbal Montoro comparecerá por la tarde en el Congreso para dar explicaciones sobre el paquete de medidas aprobadas en el Consejo de Ministros del pasado viernes y las que se han ido adoptando mientras transcurrían los días y el Govern desobedecía.
Está por verse si Hacienda se saca de la manga alguna orden extra que permita abonar sus nóminas a los funcionarios, que es quizá el aspecto que ahora mismo más le preocupa al Gobierno. En el horizonte, un deseo: que pase el día 1, llegue el día 2 de octubre... y se recupere la calma.
