La tercera ronda de negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido para cortar amarras concluyó ayer prácticamente como empezó. El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, volvió a reclamar a Londres una propuesta "clara" en los asuntos más espinosos, sobre todo el saldo de los compromisos financieros, que podría llegar a los 100.000 millones de euros. El ministro británico del Brexit, David Davis, sin embargo, defendió el control "riguroso" que aspira imponer a la factura e insistió en su demanda de "flexibilidad en imaginación" al bloque comunitario, como planteó el lunes al inicio de las reuniones.
"Según los avances hasta ahora, estamos bastante lejos de decir que se ha realizado un progreso suficiente", reconoció Barnier, quien advirtió de que, si este avance no se produce, no recomendará ampliar las negociaciones a la segunda fase en el Consejo Europeo de octubre. Como consecuencia, Reino Unido se vería privado de su máxima prioridad: la de explorar cuanto antes su futura relación con el bloque.
Con la vista puesta en la audiencia doméstica, Davis se mostró más optimista y dijo haber percibido "algunos progresos concretos", aunque tuvo que admitir que, en el ámbito de la factura, existen "diferencias significativas". Así, su equipo presentó durante las reuniones de esta semana un análisis legal que cuestiona "línea por línea" las reclamaciones de Bruselas, aunque sin especificar cuánto están dispuestos a pagar por los compromisos adquiridos antes del referéndum.
Además, estos cuatro días solo han permitido acercamientos en los otros dos grandes pilares: los derechos de los comunitarios afincados en las islas y de los británicos en el continente. El único punto en que consiguieron un principio de acuerdo es el que permitirá continuar empleando la sanidad como hasta ahora, un área con una carga especial para España, ya que hasta 750.000 británicos, sobre todo jubilados, viven en nuestro país.
"Impaciencia" británica
La ausencia de progresos representa un problema mayor para Reino Unido, interesado en iniciar cuanto antes las conversaciones sobre el futuro encaje comercial. Por ello, la advertencia de Barnier suena a última oportunidad: o la ronda de septiembre produce avances sustanciales, capaces de generar "confianza", o será imposible recomendar que el proceso avance de fase.
Su confesa "impaciencia", no obstante, ha colisionado con la cuadratura del círculo que Londres debe hallar en materia de los compromisos financieros. El Gobierno británico es consciente de que, independientemente de su cuantía, la factura por el divorcio será muy difícil de vender en casa. De ahí que el ministro del Brexit defendiese ayer el "riguroso" control sobre la "sin duda grande" cifra final. "Es lo mínimo que esperan los contribuyentes británicos", sentenció.
