La plasmación de la letra pequeña del acuerdo para la nueva Ley de Cupo, suscrito en mayo, pero cerrado este pasado jueves, implica una mayor tributación para las Haciendas vascas, ya que entre 200 y 300 pymes quedarán dentro de su influencia fiscal.
Además, se introducen cambios en el IRP e Impuestos sobre Sucesiones, que llevan igualmente a más contribuyentes a las Haciendas vascas. Se trata de grupos de contribuyentes reducidos, no de grandes números.
El cambio más relevante es el que afecta al "punto de conexión" del Impuesto sobre Sociedades para las pymes.
Hasta ahora las empresas con sede social en Euskadi, pero que tienen más del 75 por ciento de su negocio fuera de esta comunidad, estaban sujetas a la regulación vasca y tributaban sólo ante la Hacienda vasca si su "volumen de operaciones" (facturación total) no superaba los 7 millones de euros. Las que facturaban más pasaban a estar reguladas por la legislación española y a tener que hacer complicados cálculos para tributar ante la Hacienda vasca y la Hacienda del Estado en función de la proporción de su negocio en cada lugar.
El cambio que se ha hecho es que la barrera que determina el reparto de ante qué Hacienda se ha de tributar, se eleva de los 7 a los 10 millones. La normativa para la tributación de las grandes empresas y los grupos permanece sin cambios.
El consejero de Hacienda vasco, Pedro Azpiazu, indicó que se trata de una cuestión que afecta sólo a pymes, a un máximo de 300, por lo que su impacto recaudatorio no será relevante, pero sí permitirá a estas pymes simplificar sus trámites administrativos.
Evitar la huida de sociedades
El texto de la nueva Ley de Cupo será ratificado formalmente el próximo miércoles en Madrid, en la reunión de la Comisión Mixta de Concierto Económico, que presidirán Azpiazu y el ministro Cristóbal Montoro. Después, este texto, como todas las leyes de cupo anteriores, deberá ser debatido y aprobado por el Congreso de los Diputados. Se espera que el trámite se complete antes de final de año.
Otra de las novedades del nuevo cupo es que establece que una empresa que tenga sede fuera de Euskadi, pero que realice más del 75 por ciento de su negocio en territorio vasco quedará sometida a la normativa vasca y tendrá la obligación de tributar ante la Hacienda vasca si su volumen de operaciones es inferior a 10 millones. Es decir, se aplica a las sociedades españolas lo mismo que se les aplica a las vascas.
Desde otra perspectiva, esta medida puede evitar que sociedades con sede en Euskadi puedan cambiar su domicilio social a otras Comunidades fiscalmente más baratas, ya que en estos momentos la fiscalidad vasca es más cara.