El Brexit no abandona la primera línea de la política británica ni en la jornada inaugural de la campaña de las generales del próximo 8 de junio. Mientras el laborismo prometía convertir la votación en una batalla de la gente contra el sistema, Theresa May abordaba con el presidente del Parlamento Europeo una cuestión delicada del divorcio: el futuro de los ciudadanos comunitarios afincados en Reino Unido.
En su primer encuentro desde que Antonio Tajani asumiese el cargo, la primera ministra confirmó, por si quedaban dudas, que los derechos de este contingente de más de tres millones constituirán la "línea roja" en la que la Unión Europea no está dispuesta a ceder. El propio Tajani, quien ha reemplazado al candidato en los comicios alemanes Martin Schulz, avisó de que para la Eurocámara supone el "punto más importante" del proceso.
De ahí que apelase específicamente a un acuerdo temprano para garantizar el respeto al estatus vigente de los europeos en suelo británico, consagrado en virtud de una sociedad que deberá llegar a su fin en 2019. La primera impresión ha sido positiva, fundamentalmente porque a la premier también le interesa que el millón de británicos en el resto del continente tengan sus derechos protegidos, por lo que el dirigente comunitario se mostró optimista ante las posibilidades de zanjar este aspecto lo antes posible.
El problema será compatibilizar la determinación de Londres de limitar con el libre movimiento de personas que la legislación comunitaria considera innegociable. Su aproximación, con todo, muestra una mayor connivencia hacia May que otras instancias de la UE, especialmente en las aspiraciones de abordar el nuevo encaje comercial antes de concluir las negociaciones. "Esperamos que antes de final de 2017 haya un esquema de la salida e inmediatamente después será posible comenzar las negociaciones para el día después", declaró tras su visita a Downing Street.
Los planes de Bruselas
Bruselas parece tener otros planes, de acuerdo con borradores de trabajo que evidencian un endurecimiento de la posición negociadora. Tras haber consultado a los 27, Bruselas vería la posibilidad de abordar en paralelo la ruptura y la relación con el mercado común, menos probable que cuando Donald Tusk publicó las pautas que los líderes europeos negociarán el 29 de abril.
Según un documento al que ha tenido acceso el Financial Times, la voluntad de agilizar las conversaciones ha disminuido y del inicial interés por empezar a trabajar en un "ambicioso acuerdo de libre comercio" antes de 2019 se ha pasado a admitir la evaluación de "un acuerdo en materia de comercio", un matiz modificado expresamente para rebajar expectativas al norte del Canal de la Mancha.
Otros elementos contenciosos como el coste del divorcio, o el futuro de las dos agencias europeas en suelo británico, serán difíciles de digerir en Reino Unido. La Comisión quiere que la factura sea abonada en euros, en lugar de en libras, un desenlace dañino dada la devaluación de la moneda británica, y espera que Londres asuma el coste del traslado de los organismos de Medicinas Europeas y de la Autoridad Bancaria, una relocalización que, frente al criterio de Reino Unido, Bruselas anticipa hecha.
