Si existe un talón de Aquiles en el mercado laboral español es, precisamente, su extrema dualidad. Con un sistema de contratos indefinidos muy protectores frente a la escasa protección que brindan los temporales y una excesiva maraña de modalidades contractuales, el contrato único va tomando fuerza como propuesta de diversos partidos políticos y recomendación de los expertos. La contratación indefinida firma un récord histórico de 38 meses al alza.
Abanderado por Ciudadanos, esta modalidad de contratación supuso una de las propuestas más controvertidas de su campaña electoral, incluida en su pacto con el PSOE y motivo de grandes discrepancias en su negociación con el Partido Popular.
Finalmente, el acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos redujo a tres las modalidades de contrato de trabajo: el indefinido, el contrato para la formación y un contrato "de protección creciente", con una duración máxima de dos años y una indemnización por finalización de 12 días el primer año, 16 el segundo y 20 días a partir del tercer año.
Más allá de ceder en este punto del acuerdo, el PP buscó contentar a Bruselas, pues si bien desde la Comisión Europea han aplaudido la reforma laboral de 2012 en repetidas ocasiones, en un informe ya en febrero del año pasado advirtieron de que "el desempleo de larga duración, el desajuste de las aptitudes y la dualidad del mercado laboral siguen siendo retos importantes que no se abordan plenamente en el marco de la actuación actual".
Recientemente, el FMI ha planteado la necesidad de simplificar el menú de contratos a disposición del empresario, al tiempo que se reduce de forma efectiva la brecha de protección a los distintos tipos de empleo. El Fondo ha propuesto la introducción de un contrato único de duración indefinida, cuya indemnización se incremente gradualmente en el tiempo y que podría coexistir con otros contratos que darían respuesta a las necesidades específicas y costes de formación de sectores con elevada temporalidad, como el turismo o la agricultura.