El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la ratificación del controvertido acuerdo comercial negociado por la Unión Europea y Canadá (CETA), lo que permitirá su entrada en vigor provisional esta misma primavera, a la espera de que los parlamentos nacionales den luz verde a su aplicación definitiva.
El pacto comercial ha sido respaldado con 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones, con el apoyo mayoritario del Partido Popular Europeo (PPE), Liberales (ALDE), Conservadores y Reformistas (ECR) y un voto divido según delegaciones nacionales en el seno de Socialistas y Demócratas (S&D).
Estaba fuera de duda que el CETA iba a ser aprobado. Pero la presión que han ejercido los grupos más a la izquierda del Parlamento, la ultraderecha de Marine Le Pen y los 3,5 millones de firmas contra el Tratado -entregadas el lunes- hicieron temer por una sorpresa de última hora. Más aún cuando la familia socialista, presionada especialmente en los países que afrontan comicios este año (Francia, Alemania y Holanda), se encuentra muy dividida.
Así las cosas, la mayoría de tres de los cuatro grandes grupos en Estrasburgo han impuesto el sí y Europa manda un claro mensaje al presidente del EEUU, Donald Trump, a favor de la globalización y el libre comercio, celebrando un acuerdo por el que se espera que la Unión y Canadá aumenten sus intercambios comerciales un 20%. Las exportaciones europeas a aquel país suman los 35.200 millones de euros, y las importaciones 28.300 millones.
En cualquier caso, el CETA deberá ser ratificado por los Parlamentos nacionales de los miembros, y no es descartable más de una piedra en el camino. En Francia, una mayoría se decanta por el no, y ello pese a que el Tratado no elimina los aranceles para transportes, servicios audiovisuales y servicios públicos, y ha protegido especialmente a las Denominaciones de Origen.
En este punto cabe decir que algunas marcas como los turrones de Jijona y Alicante, el azafrán manchego o el jamón de Guijuelo mantendrán el estatus anterior a la rúbrica del acuerdo.
Fuentes cercanas a las negociaciones explican a elEconomista que el Gobierno tiene interés en que el procedimiento se acelere "y el Congreso pueda votar cuanto antes el acuerdo", para evitar "más ruido del necesario". Todo ello en un momento en el que sindicatos como UGT y CGT y partidos políticos como Podemos e IU han elevado el tono de voz para denunciar que el CETA otorgará más poder a las multinacionales y dejará más desprotegidos a pymes y trabajadores.
