El Gobierno ha cumplido con una de las demandas de las ingenierías españolas. El Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público acaba con la posibilidad de que las administraciones y empresas públicas puedan licitar proyectos de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, a través de subastas electrónicas. Esta medida, que será firme una vez se tramite como ley, resulta de la trasposición de las directivas europeas 2014/24/UE sobre contratación pública y 2014/25/UE sobre contratación por entidades que operan en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales.
El sector de la ingeniería alzó la voz el pasado mes de junio después de que Aena adjudicara a través de subasta electrónica el contrato de Adecuación general de plataforma en el Aeropuerto Tenerife Sur, cuyo presupuesto inicial ascendía a 1,95 millones de euros. La patronal Tecniberia presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), pero un defecto de forma impidió que llegara a más. La organización que preside Juan Lema Devesa advirtió que estaría vigilante ante futuras adjudicaciones mediante este sistema.
Fernando Argüello, director general del Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), incide en que la subasta electrónica es "el culmen de la ingeniería low cost", de forma que el contratante "se asegura que no hay nadie dispuesto a hacer por menos dinero". Una estrategia, a su juicio, que "juega con la desesperación de las empresas", cuya situación se ha deteriorado drásticamente en los últimos años como consecuencia de la severa retracción de la inversión pública.
Lema Devesa, por su parte, abunda en que "los servicios de ingeniería y consultoría son de tipo intelectual, por lo que la calidad tiene que ser siempre el criterio principal de valoración en la adjudicación". Por lo tanto, "se trata de servicios que no pueden adjudicarse en subasta electrónica, en ningún caso, ni en ninguna de sus modalidades", insiste.
Negociación con los partidos
En el artículo 143 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, en su segundo punto, se recoge que "la subasta electrónica podrá emplearse en los procedimientos abiertos, en los restringidos, y en las licitaciones con negociación, siempre que las especificaciones del contrato que deba adjudicarse puedan establecerse de manera precisa en los pliegos que rigen la licitación y que las prestaciones que constituyen su objeto no tengan carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura". "No podrá recurrirse a las subastas electrónicas de forma abusiva o de modo que se obstaculice, restrinja o falsee la competencia o que se vea modificado el objeto del contrato", abunda la norma.
El Proyecto de Ley se halla en este momento en discusión por parte de los grupos parlamentarios. El plazo para presentar enmiendas se ha prorrogado sucesivamente en las últimas semanas. La fecha establecida ahora está fijada para el 4 de febrero. Los estamentos empresariales tratan de convencer a los partidos para introducir cambios en la norma.