Es día de subida de impuestos indirectos en Consejo de Ministros. Hoy tocará modificar al alza alcohol, tabaco y Sociedades, entre otros. Y también es día de aniversario, pues justo ahora hace cuatro años entraban en vigor las polémicas tasas judiciales, quizá la medida tributaria de menor impacto recaudatorio y mayor contestación social de cuantas aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy durante su primera legislatura.
Las tasas judiciales fueron aprobadas a instancia del exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, a través de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre. El objetivo de Moncloa en este ámbito era el de establecer un "mecanismo disuasorio" para acabar con la "excesiva litigiosidad" en España, país en el que anualmente entraban en los juzgados entre 8 y 10 millones de asuntos. Pero a pocos se les escapa que en realidad con esta medida el Ejecutivo quería también hacer caja en un momento especialmente delicado: el déficit se situaba por encima del 8% del PIB y Bruselas obligaba a ingresar más y gastar menos.
En concreto, el Estado pasaba a cobrar un mínimo de 150 euros por un trámite verbal y cambiario en el ámbito civil a un máximo de hasta 10.000 euros de gravamen en virtud de la cuantía del litigio. Y ello pasando por el cobro de tasas de entre 750 y 1.200 euros por recursos de Apelación o Casación en lo Civil, lo Contencioso Administrativo o lo Social.
Trayectoria polémica
La entrada en vigor de las tasas judiciales provocó la protesta casi unánime de todo el estamento de la justicia por vulnerar, entendían, el "derecho a la tutela judicial efectiva" de las personas. Cuatro años después de que el BOE recogiese la polémica medida, fuentes de la Brigada Tuitera, grupo que ha ejercido una enorme presión para terminar con el copago en el ámbito judicial, reconocen que con las tasas en vigor "han entrado menos procedimientos en los tribunales", lo que de hecho significa que "hay personas físicas y jurídicas que no pudieron recurrir a la justicia, posiblemente por problemas económicos". "A otros posiblemente no les compensó porque lo que podrían cobrar en caso de ganar era una cuantía similar a la que debían abonar en tasas en caso de acudir a los tribunales", remachan.
Además, ¿han conseguido esas tasas convertirse en mecanismo disuasorio? "En absoluto. Las tasas en ningún caso han provocado que los plazos sean más rápidos. Lo único que consiguieron es vulnerar el derecho fundamental de recurrir a la justicia de personas y pequeñas empresas", afirman, poniendo en cuestión las palabras de Rafael Catalá, actual titular de Justicia, quien el otro día fue marcadamente ambiguo y aseguró que los plazos para la apertura de juicio se habían reducido de los 60 a los 19 días.
Desde el mismo momento de su entrada en vigor y ante la enorme contestación social, el Gobierno fue modificando la aplicación de las tasas, generando además una gran inseguridad jurídica:
- A los tres meses de la aprobación de la Ley 10/2010 Moncloa aprobó un Real Decreto para reducir un 80% la cuantía variable de las tasas.
- En 2015, y con Rafael Catalá ya en Justicia, el Ejecutivo procedía a eliminar las tasas judiciales a las personas físicas, que no jurídicas y ONG's.
- Y el 29 de julio de 2016 el Tribunal Constitucional, en una polémica sentencia, anulaba gran parte de las tasas aún en vigor pero impedía que los usuarios pudieran reclamar su devolución.
Poca recaudación
A efectos de caja, y teniendo en cuenta además que incluso el Constitucional en su sentencia reconoce que las tasas no han logrado el objetivo de cumplir la justicia, esta medida tributaria ha significado bastante poco. La recaudación asciende a poco más de 600 millones en cuatro años, cifra casi testimonial a efectos de déficit. Los constantes cambios legislativos han propiciado, además, sustos: el año pasado la Agencia Tributaria recaudó 83 millones menos tras la eliminación de las tasas a particulares, tal y como reconoce el informe mensual de Recaudación Tributaria relativo a octubre, y este año han sido otros 50 millones menos. Todo ello después de ingresar 150 millones más en 2013, casi el peor año de la crisis económica hasta el momento.
Y aún peor: al desastre se le suma el hecho de que aún hay tasas judiciales vigentes, tal y como reconoce Verónica del Carpio, abogada, profesora de Derecho Civil y una de las portavoces de la Brigada Tuitera: "Las tasas no han desaparecido con la sentencia del Tribunal Constitucional", explica, recordando que el Alto Tribunal considera conforme a ley que se mantengan determinadas tasas a pymes y ONG's, que aún han de pagar, por ejemplo, entre 100 y 300 euros por la interposición de una demanda en primera o única instancia.
¿Y donde ha ido a parar el dinero recaudado? El exministro Gallardón aseguró, en otra de sus justificaciones para aprobar la polémica ley, que las cantidades ingresadas se dedicarían a potenciar el uso de la justicia gratuita. Sin embargo, en 2015 y a través de una respuesta parlamentaria al diputado Joan Baldoví, el Ministerio de Justicia reconoció "no disponer de información al respecto", al igual que la Agencia Tributaria. Por si fuera poco, la misiva deja claro que "no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico", sentencia que demuestra que la afirmación de Gallardón, en un principio, fue falsa.
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