El Gobierno ha aprobado un real decreto que establece un tipo mínimo del pago fraccionado del 23% en el Impuesto sobre Sociedades para las empresas que facturen más de 10 millones de euros anuales y que "no tiene plazo de caducidad", por lo que estará en vigor, al menos, hasta el año 2018, que es cuando el déficit público debe colocarse por debajo del 3% según lo acordado con Bruselas. Las empresas temen que el alza del impuesto sea definitiva.
Así lo anunció este viernes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al término de la reunión del Consejo de Ministros. "El nuevo sistema no tiene plazo de caducidad, sino que proyectará sus consecuencias hasta que España reduzca su déficit público por debajo del 3%, por lo que hay que mirar hacia 2018, subrayó el ministro, tras recordar que la medida permitirá recaudar unos 8.000 millones más para que el Impuesto de Sociedades vuelva a los 20.000 millones de recaudación anuales de los últimos ejercicios.
La medida, que ya entrará en vigor para los pagos fraccionados que realizan las empresas en octubre y diciembre, se mantendrá por tanto, al menos tres ejercicios presupuestarios (2016, 2017 y 2018) y afectará a las 9.000 empresas que actualmente facturan más de 10 millones de euros. Los bancos no pagarán un 23% sino que su tipo fraccionado se elevará al 25%.
Montoro explicó que se trata de "restablecer" el sistema de tipo mínimo de pagos fraccionados que estuvo en vigor entre 2012 y 2015 y que se suprimió precisamente este año, si bien en aquella ocasión el tipo mínimo se estableció en el 12% y ahora es prácticamente el doble.
De no hacerlo, explicó el ministro, España no podrá cumplir este año el objetivo de déficit del 4,6% comprometido con Bruselas, dado que la economía española "no se puede permitir" en estas circunstancias una caída de los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades.
Presupuesto de las CCAA
En otro orden de cosas, el Gobierno impulsa una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que se pueda adaptar la senda de déficit y deuda a los nuevos objetivos señalados por la Unión Europea para todas las administraciones públicas en una situación excepcional como la actual, con el Ejecutivo en funciones y sin capacidad para aprobar una medida así.
En la práctica, una de las consecuencias es que la medida servirá para poder pasar el déficit autorizado a las comunidades autónomas este año del 0,3% previsto en enero al 0,7% decidido en abril y aprobado por la UE. Los Gobiernos autónomos podrán así preparar con seguridad jurídica sus presupuestos para el próximo ejercicio, una reclamación que han venido haciendo todos los ejecutivos regionales.
La reforma será presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y se aprobará con urgencia, para que entre en vigor cuanto antes. Así también el Gobierno podrá liberar los 4.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica con los que las comunidades adheridas puedan cubrir ese nuevo objetivo de déficit.
