Una vez más los jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 20 culminaron su última cumbre en Hangzhou con buenas intenciones, pero sin medidas concretas. China, país anfitrión, respaldó al resto de miembros en su compromiso por reavivar el crecimiento de la economía mundial. Una hazaña loable a la par que necesaria, de la que sin embargo no pudo encontrarse demasiado detalle entre las nueve páginas del comunicado final.
El presidente chino Xi Jinping intentó ser más claro. "Vamos a apoyar los mecanismos multilaterales de comercio y oponernos al proteccionismo para enfrentar la disminución en el comercio mundial", señaló, pese a que Pekín provocó tensiones por el exceso de producción chino genera en el mercado del acero a nivel mundial. Un problema que se hizo hueco en el documento emitido al terminar la reunión y donde se presionó a China para que reduzca una sobrecapacidad estimada en 300 millones de toneladas.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, fue clara al determinar que los niveles de comercio internacional "son demasiado bajos" y aseguró que "se debe fomentar el crecimiento económico y este debe ser más inclusivo". Un hecho crucial tras la resaca dejada por la victoria del Brexit unida, los crecientes vientos proteccionistas y recelos hacia el Tratado de Comercio Transatlántico (TTIP).
El restrictivo club puso un énfasis especial en la innovación como vía para adoptar la digitalización de la economía, ante la llegada de la llamada cuarta revolución industrial. Xi subrayó que el planeta requiere "un nuevo camino para el crecimiento" que inyecte "un nuevo dinamismo en la economía global". Si los estímulos fiscales y monetarios son útiles a corto plazo, y las reformas estructurales a medio plazo, el G-20 ve en el salto a esta cuarta revolución industrial, a partir de un plan de acción sobre innovación adoptado ayer, como el elemento decisivo a largo plazo para sacar a la producción mundial de su estancamiento actual.
Este énfasis chino en una economía "más inteligente" ha servido para reducir la dependencia extrema del país en su manufactura, cuya sobreproducción en sectores como el acero ha provocado el hundimiento de los precios y una grave crisis del sector en Europa. En este punto, los europeos lograron una aspiración: la creación de un grupo para estudiar el problema de la sobreproducción, en el que la OCDE actuará como facilitador, y que emitirá un informe para el próximo año.
Esta actitud abierta de China, que derivó en unas conclusiones "equilibradas" del G-20 bajo su batuta, fue elogiada por los representantes europeos. "Son mundos diferentes" comparado con la actitud asertiva de Pekín hace unos años, explicaba sorprendido un diplomático, quien destacó cómo el país ha dejado atrás el halo de sospecha. "Han alcanzado la madurez", dijo un alto cargo a un grupo de periodistas.
El presidente en funciones, Mariano Rajoy, se felicitó por el resultado de una cumbre que describió como "muy positiva", al opinar que las conclusiones adoptadas por el G-20 representan un espaldarazo a su gestión económica de la pasada legislatura. Todo ello con un cambio de contexto frente a cumbres anteriores.
Los foros internacionales, sobre todo el G-20, han servido en los últimos años como termómetro del estado de la política nacional y de la situación de la economía española. Si en 2011 y 2012 nuestro país fue visto como una fuente de peligro, tres años después pasó a ser elogiado por las reformas estructurales y, sobre todo, por las cifras de crecimiento registradas.
Pero en el encuentro de las 20 naciones más poderosas del planeta, del que España no es miembro sino invitado permanente, que concluyó ayer en la ciudad china de Hangzhou, al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, le tocó dar más explicaciones sobre la situación política que presumir de cifras económicas. Reconoció que los nueve meses de parón, y casi un año sin nuevas leyes, "no ayudan" en el exterior. Más cuando existe "gran incertidumbre sobre lo que va a suceder", y cuando ronda la espada de Damocles de unas terceras elecciones.
Justificó Rajoy que un Gobierno en funciones pueda presentar una modificación del Impuesto de Sociedades, que se producirá en las próximas semanas, porque es la respuesta para cumplir sus compromisos con el déficit para este año. Pero apuntó Rajoy que "las dudas jurídicas son absolutamente todas" respecto a la revisión al alza de la paga de funcionarios y pensionistas.
