España solo logrará dejar el déficit por debajo del 3% a finales del próximo 2017, pero quien piense que ese hito servirá para que Bruselas cierre, nueve años después, el procedimiento por déficit excesivo a nuestro país, se equivoca. Ocho claves para que España escape de la multa por violar las reglas fiscales de la UE.
Fuentes de la Comisión Europea reconocieron a elEconomista que una vez lograda la meta de haber rebajado el déficit comunitario por debajo del 3%, los trabajos de Bruselas se centrarán en estrechar la vigilancia sobre la elevada deuda pública, que debe situarse por debajo del 60% del PIB para cumplir el Pacto de Estabilidad. Pues bien: la tasa de España se sitúa en el 99,2%. La de la eurozona, en el 90,7.
"La deuda se ha convertido en un problema de primer orden y España bordea el 100% del PIB. Es cierto que hay muchos otros países en la misma situación, pero eso solo añade más presión a la Comisión para combatirla", explicaron las mismas fuentes. Hoy, según Eurostat, el volumen de pasivo de la eurozona se sitúa en los 9,5 billones y el de los Veintiocho en los 12,5 billones, registros sin precedentes.
Hay países en situación mucho más compleja que España. La deuda griega avanza al 180% del PIB y el FMI pide una quita importante para tornarla sostenible; y la italiana y la portuguesa es de aproximadamente el 130%. Incluso la belga es superior, del 106%.
El problema en el caso español pasa por el lento proceso de desapalancamiento al que se enfrenta. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es la primera que dibuja un panorama sombrío. Si bien considera que el nivel de pasivo se ha estabilizado, augura que su reducción será muy gradual, no bajará del 96% antes de 2020 y podría no quedar por debajo del 60% hasta más allá del año 2030. Organismos como la propia Comisión, las agencias de calificación y la propia OCDE manejan escenarios similares, así que en el mejor de los casos a España le queda al menos una década de estrecha vigilancia.
Hace solo unos meses, el FMI de Christine Lagarde ya alertó en un informe de que el nivel de endeudamiento de los países desarrollados "es el más elevado desde los años posteriores a la II Guerra Mundial", cuando alcanzó el 130% del PIB y se asimila al que registraron durante la Gran Depresión. Lagarde volvió a alertar sobre ello en su visita del 16 de mayo a los ministros de Finanzas de la Eurozona y aunque propuso activar la inversión paneuropea (medidas como el Plan Juncker) para animar el empleo, condicionó su funcionamiento a la necesidad de proseguir con los ajustes y las reformas. La Comisión no hizo sino creerse más el mensaje de que el elevado endeudamiento puede poner de los nervios a los acreedores.
Una situación incómoda
Estar bajo el yugo del procedimiento por déficit excesivo significa para España, en el fondo, seguir bajo el manto de la austeridad europea y verse obligada a acometer ajustes y reformas si el equipo de comisarios de turno lo requieren. Así ha sucedido desde febrero de 2009, cuando la UE abrió formalmente el proceso contra nuestro país. Desde entonces, el tira y afloja entre la administración española y Europa ha sido constante y Bruselas solo aflojó su presión cuando el Gobierno de Mariano Rajoy subió impuestos, aprobó la reforma laboral, solicitó formalmente un rescate a la banca y creó una Autoridad Fiscal.
Cuatro años después, y tras un 2015 de "esfuerzos insuficientes" para reducir el déficit, España está a las puertas de convertirse con Portugal en el primer socio comunitario multado por Europa. Es el brazo sancionador del citado procedimiento por déficit excesivo, que en su caso más extremo puede aplicar multas de hasta 2.000 millones de euros y retener fondos. Una multa que, de producirse, empañará la imagen del Ejecutivo del PP y tensará aún más el hilo del que pende Madrid para tomar decisiones.
