"Hay que hacer un Gobierno y hacerlo ya, entre otras cosas para aprobar los Presupuestos de 2017". Ésta era una de las razones prioritarias que esgrimía Mariano Rajoy para pedir la formación "urgente" de un nuevo Ejecutivo.
La necesidad de marcar la hoja de ruta en los ingresos y gastos del Estado para cumplir con los objetivos de déficit pactados con Bruselas, especialmente si se consigue la prórroga de un año para bajar del 3% del PIB en 2018, obliga a contar con un nuevo escenario presupuestario que, a la vista del resultado electoral, deberá ser negociado para conseguir el respaldo del nuevo Parlamento.
Los nuevos objetivos marcados por el Plan de Estabilidad presentados por España ante la CE fijan en el 3,9% del PIB el déficit público de 2017 y en el 2,5% el del siguiente año.
A ello se añaden las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que obligará a España a elevar en 906 millones de euros su contribución al presupuesto de la Unión, lo que dejará a España al borde de ser contribuyente neto a las cuentas comunitarias y nos sitúa como en el cuarto lugar entre los países miembros que deben hacer un mayor esfuerzo presupuestario.
Son dos factores de peso, cuyo cumplimiento es prácticamente irrealizable si la falta de acuerdo obligara a prorrogar los Presupuestos aprobados para este año.
De hecho, el Gobierno en funciones ha comenzado ya a realizar los trabajos previos a la preparación de los nuevos Presupuestos, habida cuenta de que el plazo establecido para presentarlos al Congreso finaliza el 30 de septiembre.
Responsables del Ejecutivo en funciones confirmaron a elEconomista que lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda es recopilar la información que deben remitir todos los Ministerios y los entes públicos que dependen de la Administración del Estado para "tener ese trabajo adelantado y que pueda ser utilizado por el nuevo Gabinete, en el caso de que lo estime necesario".
La intención de Rajoy es pactar los nuevos Presupuestos con el PSOE y Ciudadanos, pero si no fuera posible buscaría también el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y de Coalición Canaria.
