Los servicios jurídicos del Consejo de la UE consideran que no existe base legal para aprobar por el momento una nueva prórroga para España y Portugal para cumplir con el objetivo de déficit, como propuso la Comisión Europea.
Opinan que esta decisión debe tomarse bajo el procedimiento sobre déficit excesivo, lo que obligaría a pronunciarse también sobre una posible multa por el desvío de las cuentas públicas en 2015, según informan fuentes comunitarias.
El año extra no se confirmará hasta julio
Recapitulemos. El pasado 18 de mayo la Comisión Europea se pronunció sobre dos cuestiones relativas al déficit de España. Por un lado decidió aplazar hasta principios de julio la decisión que debe tomar para iniciar el mecanismo de sanciones sobre España y Portugal, y por otro, recomendó aprobar una prórroga de un año extra, hasta 2017, para cumplir con el objetivo de reducir el déficit presupuestario por debajo del 3%.
¿Se puede o no se puede dar un año extra a España? Precisamente para resolver esta cuestión, la semana pasada la Presidencia del Consejo solicitó a los servicios legales de la institución que examinasen la legalidad de esta propuesta.
Hoy el Consejo hacía público que no existe una base legal que permita a los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) dar su visto bueno al año extra para que España llegue al déficit del 3% en su próxima reunión del 17 de junio si no se ha dado antes un paso adelante bajo el procedimiento por déficit excesivo (la multa por el incumplimiento de 2015).
En cualquier caso, desde España, fuentes del Ministerio de Economía han asegurado que la prórroga "no está en cuestión" y que los que se debate "es un tema de procedimiento".
Primero la multa, después el tiempo extra
Dar un nuevo paso en el procedimiento por déficit excesivo supondría certificar la "falta de acción efectiva" de España para cumplir con el objetivo de déficit el año pasado, que era del 4,2% mientras que el desfase final de la cuentas públicas fue del 5% (5,1% sumando la ayudas al sistema financiero). Esto supondría dar el primer paso para imponer una multa del 0,2% del PIB, unos 2.000 millones.
De esta forma, los servicios legales del Consejo se alinean con la opinión de algunos ministros de Finanzas de la UE, entre ellos el alemán Wolfgang Schaeuble, que expresaron sus dudas sobre la legalidad de conceder un año extra a España y Portugal y a la vez aplazar decisiones bajo el procedimiento por déficit excesivo.
Por su parte, el Ejecutivo comunitario ha reiterado este viernes que actúa "en el contexto de las reglas legales que rigen la gobernanza económica europea" y que a mediados de mayo decidió recomendar una directrices "precisas" para la política fiscal de España y Portugal que serán la base para las deliberaciones del Consejo "cuando el Consejo decida abordarlas"
"El vicepresidente (Valdis) Dombrovskis y el comisario (Pierre) Moscovici estuvieron aquí el 18 de mayo y dijeron claramente qué decidimos hacer con las recomendaciones específicas para cada país y que volveremos sobre ello a comienzos de julio. Esta es la posición de la comisión", ha subrayado el portavoz del Ejecutivo comunitario Margaritis Schinas.
Además, Schinas ha respondido a las críticas vertidas, entre otros, por el presidente del Eurogrupo y este semestre también del Ecofin, Jeroen Dijsselbloem, y ha defendido que la Comisión aplica el Pacto de Estabilidad y Crecimiento conforme a las normas y teniendo en cuenta la "discreción política" y las "especificidades" de cada situación "mientras se garantiza la igualdad de trato".
