La controversia alrededor de la decisión de la Comisión Europea sobre el déficit español ha ido más allá de la protesta política. La Presidencia del Consejo, este semestre en manos de Holanda, solicitó a los servicios legales de la institución que examinen la recomendación de dar un año más a nuestro país y a Portugal para reducir el déficit por debajo del 3%.
El problema, como explica un portavoz de la presidencia holandesa de la UE, es que el Ejecutivo comunitario propuso nuevos calendarios para ambas economías cuando el colegio de comisarios aún no ha juzgado los esfuerzos pasados, lo que se espera que derive en la apertura del procedimiento sancionador al no haber realizado ni Madrid ni Lisboa los esfuerzos suficientes para cumplir con las reglas fiscales.
"Los servicios legales del Consejo están actualmente mirando [esta decisión de la Comisión] para garantizar consistencia con las decisiones del Consejo", explicó un portavoz de la presidencia holandesa. El Consejo, que agrupa a los Estados miembros, es el encargado de dar el visto bueno final a las recomendaciones de la Comisión sobre los calendarios, e incluso las sanciones, en el marco del Pacto de Estabilidad.
Los escépticos con la jugada de la Comisión perciben que los comisarios se han saltado el orden normal del procedimiento, en el que primero se juzgan los esfuerzos realizados por un país para cumplir con sus objetivos fiscales, y luego se adjudica un nuevo calendario de ajuste, en caso que sea necesario. Los Gobiernos, sobre todo los más críticos con la decisión del Ejecutivo, como Alemania, quieren armarse de argumentos legales de cara a la próxima reunión de los responsables de Economía y Finanzas el 17 de junio, cuando se discutirá la decisión.
Aunque el asunto no formaba parte del Consejo Ecofin celebrado el pasado miércoles, Alemania y el Banco Central Europeo (BCE) ya aprovecharon el encuentro para criticar el retraso del veredicto. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schauble, advirtió de que "dar la impresión de que no se quiere tomar una decisión -probablemente por una cita electoral- no contribuye a reforzar la credibilidad" de las reglas fiscales de la UE.
Fuentes del Banco Central Europeo explicaron a elEconomista que, durante el desayuno del Ecofin, el organismo emisor planteó algunas preguntas sobre la legalidad de la decisión, e incluso también sugirió derivar el tema a los servicios legales del Consejo. Esta idea también fue respaldada por el propio Wolfgang Schauble.
