Economía

Bruselas sancionará a España y dará sólo un año más para bajar el déficit

  • La Comisión trasladará a Madrid "exigencias inmediatas" para aplicar
  • Pese a que España podría librarse de la multa, el veredicto será negativo

La Comisión Europea ya tiene todo listo para convertir a España en la primera sancionada por no cumplir con las reglas fiscales europeas. Según ha podido saber elEconomista, el colegio de comisarios tiene previsto adoptar hoy una recomendación en la que concluye que nuestro país no ha tomado "acciones efectivas" para rebajar el déficit por debajo del 3% este año, por lo que propondrá llevar a España al siguiente escalón del procedimiento de infracción.

Junto a esta recomendación, que se adoptará bajo el artículo 126.8 del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la Comisión añadirá una segunda recomendación bajo el artículo 126.9 sobre los pasos que deberán tomar las autoridades españolas para corregir el déficit, según explicaron fuentes comunitarias.

Así, la Comisión finalmente dará sólo un año más a nuestro país, hasta 2017, para alcanzar el 3% del límite de las reglas fiscales, desde el 5% con el que cerró 2015. Además, el Ejecutivo comunitario detallará una serie de medidas concretas que deberá adoptar el Gobierno español durante los próximos tres meses para encarrilar el cumplimiento.

Las fuentes evitaron detallar cuáles serán estas medidas. Pero la Comisión lleva tiempo con la diana puesta en el gasto regional. El pasado marzo, Bruselas envió una carta en la que urgió a las autoridades a que actuaran "incluyendo todas las medidas preventivas y correctivas" previstas por la Ley de Estabilidad para controlar los desvíos en el gasto de las autonomías.

División en Bruselas

El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, era "escéptico" sobre la capacidad de España para cumplir con el pacto de Estabilidad con tan solo un año adicional, por lo que prefería dar dos años dada la situación política generada tras las elecciones del pasado 20D. Sin embargo, se ha terminado por imponer la opinión del vicepresidente responsable del euro, Valdis Dombrovskis, quien es partidario de otorgar tan sólo un año.

Según las previsiones comunitarias, España cerrará este año con un déficit del 3,9%, y se quedará aun en el 3,1% el próximo año. El Gobierno espera un 3,6% este año y un 2,9% el que viene.

El particular momento político que vive Europa, achuchada por una pila de crisis, llevó a dejar todas las opciones abiertas hasta ultima hora de ayer sobre la posibilidad de posponer la decisión.

Calendario político

La utilización de las sanciones del pacto de Estabilidad por primera vez llegará en vísperas de las nuevas elecciones en España el 26 de junio. Además, abrirá un nuevo frente de disputa entre Bruselas y las capitales justo cuando la UE encara el riesgo real de ruptura por el referéndum de permanencia del Reino Unido el 23 de junio.

Ya durante el debate orientativo de la semana pasada, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, recomendó que cualquier decisión tuviera en cuenta "las consecuencias políticas".

La prensa alemana publicó durante el pasado fin de semana que el luxemburgués es partidario de 'perdonar' la multa a España y Portugal, aunque se inauguren las sanciones. "Es más sensible" respecto a las consecuencias, confirmaron fuentes comunitarias a elEconomista.

Más allá del momento en el que llegue la decisión, todos coinciden en que el veredicto negativo es seguro por incumplimiento de España. "Es imposible argumentar lo contrario con los datos", explican desde el Ejecutivo comunitario.

Una vez la Comisión ponga el sello a su decisión, el tema pasará a la mesa del Consejo. Se espera que los ministros de Economía y Finanzas del euro discutan este asunto el 17 de junio, o incluso julio, según aclaró ayer una alta fuente europea.

De ser así, el Gobierno español aún podría confiar en que los Estados miembros retrasaran la confirmación de las sanciones hasta después de las elecciones. Cuando llegue la luz verde de los socios de la UE, tal y como esperan las fuentes consultadas, el Ejecutivo comunitario tendrá 20 días para proponer una multa de hasta 0,2 por ciento del PIB (unos 2.000 millones en el caso de España). Sin embargo, podría ser rebajada e incluso reducirla a 0 euros.

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