La Comisión Europea empezó ayer a discutir al más alto nivel su veredicto sobre los planes de estabilidad y de reformas enviados por los Estados miembros y, en particular, los de España, Italia y Portugal, por ser los que representan un caso "más difícil" para la institución.
El Ejecutivo comunitario presentará la próxima semana sus recomendaciones dirigidas a los Gobiernos nacionales para cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y en el caso de nuestro país, las noticias no serán buenas. El Gobierno no ha conseguido reducir el déficit por debajo del límite del 3% este año, tal y como había sido acordado con la UE, ni ha realizado los esfuerzos requeridos durante los dos últimos años para lograrlo.
A pesar de las tres prórrogas que ha recibido tras el estallido de la crisis, España cerrará el año con un déficit del 3,9% del PIB, y un 3,1% en 2017. Como explican las fuentes comunitarias, "los números son muy claros". Por eso, nuestro país va camino de ser el primer sancionado por incumplir con el pacto de Estabilidad.
Pero la complicada situación por la que pasa Europa, con una pila de desafíos (recuperación económica, Grecia, Brexit, refugiados, terrorismo) hace que la decisión no sea puramente una aplicación de las reglas fiscales, máxime dadas las excepcionales circunstancias políticas en España.
El colegio de comisarios mantuvo ayer una primera discusión orientativa para marcar las posiciones políticas y las posibles alternativas. Según fuentes comunitarias, el debate sirvió sobre todo para ver la opinión de los comisarios que tienen que tomar la decisión -el vicepresidente para el euro, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici- además del presidente de la institución, Jean-Claude Juncker.
Dombrovskis es partidario de tratar a España, Italia y Portugal como un paquete. Por lo tanto, no habría "casos especiales", a pesar de que nuestro país se encuentre con un Gobierno en funciones y en vísperas de una nuevas elecciones. Por su parte, Moscovici se mostró más partidario de dar algo de oxígeno, y tomar una decisión una vez que España tuviera un nuevo Gobierno, como apuntó recientemente en entrevista con elEconomista.
El presidente Mariano Rajoy intentó ablandar a la Comisión el pasado fin de semana, recordando por carta el ajuste de más de cuatro puntos de PIB realizado por España en los últimos cuatro años, y prometió ajustes adicionales de 4.000 millones de euros para reducir el déficit por debajo del 3% el próximo año.
Así, Madrid espera convencer a Bruselas para posponer la sanción después de las elecciones o reducir al máximo la multa de unos 2.000 millones que le podría caer por primera vez a un socio de la UE por romper las reglas fiscales.