El Ayuntamiento de Barcelona avanza en su objetivo de ampliar el parque de vivienda disponible para realojar a aquellas familias que estén en riesgo de exclusión o hayan sido desahuciadas. Lea el reportaje completo en la revista el Economista Catalunya
La alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, ya ha hecho la solicitud para conseguir la cesión de un paquete de 1.400 viviendas que pertenecen a las entidades bancarias. Así lo confirmó a elEconomista el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, que asegura que de momento no hay un calendario establecido ni unos plazos a cumplir.
Montaner reconoce que tienen una relación fluida con los bancos, a pesar de "no estar en el mismo bando" y recuera que si los bancos se niegan a colaborar, en última instancia se podrían aplicar sanciones para cumplir con la ley catalana 24/2015 sobre vivienda y pobreza energética.
180 pisos en las próximas semanas
De todos modos, Montaner insiste en que hay diálogo con los bancos. Incluso, el consistorio está inmerso en una negociación con CaixaBank, Banco Santander, Banco Sabadell, BBVA y Bankia para cerrar la cesión de alrededor de 180 pisos en las próximas semanas. Estos acuerdos se están produciendo desde que se comenzaron a formar grupos de trabajo municipales, donde se integran plataformas sociales y entidades financieras.
De cerrarse el acuerdo y conseguir este paquete de activos inmobiliarios, Colau se apuntaría otro tanto tras la cesión temporal de 200 pisos por parte de la Sareb el pasado mes de diciembre. Por otra parte, uno de los peligros que advierte la PAH es el aumento del precio del alquiler (un 23% hasta niveles precrisis), por lo que instan al ayuntamiento a regular los precios y poner topes. Una propuesta que Montaner dijo que se está estudiando, con ciudades como Berlín o París como modelo.
Impulso al alquiler social
Era de esperar que el consistorio barcelonés cambiara radicalmente su política de vivienda tras la entrada de Ada Colau, ex portavoz de la Plataforma Antidesahucios (PAH). En cualquier caso, Colau no lo tiene fácil para cumplir una de sus promesas estrella en campaña electoral: destinar 8.000 nuevos pisos a alquiler social, de los que la mitad serían de nueva construcción, y el resto a través de la recuperación de vivienda privada.
Montaner indicó que a finales de años, esperan recuperar un mínimo de 500 pisos para destinarlos al alquiler social. Barcelona también han comprado unas 150 viviendas a través del derecho de tanteo y retracto en las que han invertido unos 9 millones de euros. De los 4.000 pisos nuevos, la mitad ya están en marcha y se están construyendo en colaboración con el Patronato Municipal de Vivienda. Las 2.000 que restarían se está negociando con operadores públicos o constructoras que acepten no más de un 5% de beneficio.
En cuanto a la gestión de viviendas para alquiler social, el ayuntamiento también tiene acuerdos con instituciones como Hàbitat3, el Tercer Sector u ONG con 90 pisos.
Posibilidad de expropiar
El Parlament de Cataluña aprobó el pasado año la ley 24/2015. Esta ley de ámbito autonómico complementa la Ley de Vivienda 2007 que da pleno poder a los ayuntamientos en primera instancia ( y a la administración regional en segunda) para poder sancionar a las entidades bancarias que se nieguen a ceder pisos que lleven más de dos años vacíos.
De hecho, en la propia ley se dice que "en caso de insuficiencia del parque público, se utilizarán viviendas vacías cedidas obligatoriamente para el alquiler social, con la cesión obligatoria durante tres años de las que hayan estado vacías más de dos años y sean propiedad de entidades financieras".
El portavoz de la PAH, Carlos Macías, explica a este diario que "aunque no hay ningún precedente de expropiación, si un ayuntamiento o la propia Generalitat quisieran apostar de verdad para conseguir viviendas, podrían hacerlo por ley". Macías subraya que la legislación catalana "permite hacer y deshacer, y es de las más modernas del sur de Europa".
Estas leyes también obligan a la administración a garantizar el realojo de personas desahuciadas, y a los bancos e inmobiliarias a ofrecer un alquiler social durante tres años si sus inquilinos no pueden pagar. Además, se da prioridad a la administración para comprar pisos procedentes de daciones en pago o desahucios, además de garantizar el suministro de servicios básicos a familias en riesgo de exclusión. Estas unidades familiares son las que sus ingresos no superan 2,5 veces el Indicador de la Renta de Suficiencia de Cataluña, unos 1.480 euros mensuales.
Cataluña se enfrenta a un reto social mayúsculo y que no figura como prioridad en la agenda. Sólo entre 2008 y 2014, Cataluña fue la segunda comunidad donde se produjeron más desahucios, con 54.520 desalojos. Esta oleada de ejecuciones hipotecarias sucede en un contexto donde más de 327.600 hogares tienen a todos sus miembros en paro, de las que 200.000 no perciben ningún tipo de ingreso, según el Idescat.
El parque público de vivienda catalán apenas llega al 2% del total, frente al 18% de media que disponen los países de la Unión Europea. Los bancos reconocen tener 47.031 viviendas vacías procedentes de ejecuciones hipotecarias.
