Las denuncias públicas de particulares han permitido a la Agencia Tributaria destapar más de 3.300 fraudes a lo largo de esta legislatura. En la cifra no están incluidas las denuncias que terminan en delito fiscal, por lo que el número real sería en realidad algo mayor. En este sentido, el año 2015 batirá todos los récords: hasta principios de octubre, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda había levantado 885 actas de inspección por conductas fraudulentas, por lo que al término del ejercicio la cifra total podría acercarse e incluso superar las 1.200.
A través de las denuncias públicas, que cualquier ciudadano mayor de edad puede presentar, se ponen en conocimiento de la Administración tributaria hechos o situaciones que pueden ser constitutivos de infracciones e incluso delitos, y que hasta ese momento habían sido negados u ocultados por un potencial defraudador, empresa o particular.
Fuentes de la Agencia Tributaria explicaron a elEconomista que el número de actas de inspección -o lo que es lo mismo, el paso que convierte a un investigado en un defraudador-, ha ido creciendo año a año desde 2012. Entonces, se levantaron un total de 697 actas. En 2013 el número se incrementó hasta 755, y ya en 2014 se alcanzaron las 972.
Esas mismas fuentes aclaran que el número de denuncias se sitúa en el entorno de las 10.000 anuales. La Agencia Tributaria puede o no abrir una investigación, en función de la información que llegue a través de las citadas delaciones. Finalmente, un 8,3% de las mismas termina en un acta de inspección, aunque la propia Agencia recuerda que una denuncia puede ser archivada pero recuperada tiempo después. "Tenemos memoria. Se conservan en los sistemas informáticos para su posible utilización futura", aseguran desde allí. Además, la información recibida puede influir en la selección de contribuyentes para comprobaciones posteriores.
Y es que en numerosas ocasiones, es la reiteración con la que se reciben denuncias de una empresa o un particular lo que termina por llamar la atención de la Inspección y desencadena una comprobación posterior.Lo que parece claro es que esas denuncias, permitidas por ley desde el año 1963, se han convertido en una herramienta útil para la lucha contra la economía sumergida, en la que España se deja casi una quinta parte de su PIB según los últimos estudios.
Sin un perfil claro
Respecto a los perfiles de los denunciantes, la Agencia Tributaria explica que no responden a un patrón definido, pero sí se muestra sorprendida por el incremento de información que llega a través de expertos informáticos que descubren a un defraudador utilizando lo que se llama software de ocultación, una forma sofisticada de ocultar datos al fisco. "Este tipo de denuncias son debidamente analizadas por las Unidades de Auditoría Informática y resultan de enorme utilidad para la obtención de pruebas", explican allí.
La Agencia no valora por qué el número de denuncias ha crecido, aunque la crisis económica habría influido notablemente en ese incremento. Trabajadores despedidos por sus empresas, matrimonios que terminan separándose de forma poco amistosa, venganzas personales... Pueden existir numerosas causas por las cuales un ciudadano se decide a proporcionar información sensible a la Agencia Tributaria. Existen incluso denuncias anónimas en las que el organismo ha de poner un cuidado especial, aunque en algunas ocasiones también han prosperado y han terminado en acta de inspección.
"En general, las denuncias que se presentan por razones competitivas en el mercado vienen muy bien fundamentadas", explican desde el organismo, quien aún así advierte de que cuantas más información propicie esa denuncia, más posibilidades tendrá de prosperar. "De la trascendencia, calidad de la información y documentación aportada dependerá en gran medida la decisión de la Inspección", añaden las fuentes.
La Ley General Tributaria establece que la denuncia pública es independiente del deber de colaborar con la Administración tributaria, recogida en la misma ley. Igualmente, la norma establece el marco por el que el papel del denunciante termina una vez ha presentado la información a la Agencia. Así, no podrá beneficiarse en modo alguno de las conclusiones que se adopten en torno al investigado y tampoco estará facultado para interponer recursos o reclamaciones.
Las denuncias públicas y la localización de más de 3.300 defraudadores han contribuido a que esta legislatura sea la más fructífera en la lucha contra el fraude. Hace unas semanas, el director general de la Hacienda Tributaria, Santiago Menéndez, explicó que gracias a esa lucha se han obtenido 48.200 millones adicionales en cuatro años.
Formas para denunciar públicamente
Las denuncias sobre potenciales conductas fraudulentas se pueden presentar a través de varias vías. La información puede llegar a la Agencia Tributaria a través de su página web.
El particular también puede acudir personalmente a a cualquier oficina de la Agencia e incluso remitir por correo su información. Esas denuncias pueden terminar en acta de inspección y en sanción económica.
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