Los ayuntamientos españoles han pasado de arrastrar un déficit presupuestario del -0,4 por ciento del PIB (un agujero fiscal de 4.000 millones de euros) en 2011 a exhibir un superávit del 0,53 por ciento del PIB (alrededor de 5.300 millones) al cierre de 2014, según las cifras publicadas por el Tesoro. De hecho, las entidades locales son la única Administración que contribuye con su superávit a reducir el déficit público de España desde 2012, al contrario que el Gobierno central, las autonomías y la Seguridad Social.
La solidez de las cuentas municipales se refleja en el fuerte desendeudamiento realizado durante la crisis. El año pasado, la deuda pública de las corporaciones locales sumó 38.363 millones (el 3,6 por ciento del PIB), lo que supone que la achicaron en 3.752 millones en el ejercicio. De hecho, llevan tres años disminuyendo su deuda, que han rebajado casi a niveles de 2011.
Además, ayuntamientos y diputaciones bajaron su deuda financiera en 4.000 millones desde 2012, lo que según el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, "consolida a la Administración local como modelo de gestión". Según él, el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera han dado fruto. De hecho, un 97 por ciento de entidades locales tiene superávit, aunque los ayuntamientos "no pueden bajar la guardia".
Fuerte solvencia, según S&P
La agencia de rating Standard & Poor's (S&P) afirma que los ayuntamientos y el resto de entidades locales (básicamente, diputaciones) serán quienes permitan corregir el déficit español en 2015-2016. Según S&P, los municipios mantendrán el ahorro corriente por encima del 10 por ciento de los ingresos, además de continuar con su proceso de desapalancamiento. La solvencia financiera de los municipios se explica por tres factores: ingresos menos ligados al ciclo económico; límites más estrictos para la deuda; y el apoyo del Gobierno.
Endeudamiento limitado por ley
Las entidades locales no pueden concertar créditos a largo plazo cuando su deuda consolidada supera el 110 por ciento de sus ingresos corrientes. Si su endeudamiento es del 75-110 por ciento de los ingresos corrientes, necesitan la autorización previa del Gobierno.
Ingresos menos volátiles
La crisis redujo el peso de los impuestos municipales más procíclicos y volátiles (aquellos ligados a la construcción y a la plusvalía) sobre el total de los ingresos municipales: ahora suponen el 5-6 por ciento, frente al 10 por ciento en 2007. Esto mitiga los efectos adversos que sobre las cuentas locales tiene una posible caída de ingresos si empeora el ciclo económico. Por el lado del gasto, los ayuntamientos sufragan servicios de urbanismo, recogida de residuos, mantenimiento de calles, servicios culturales, de seguridad, prevención de incendios, control de tráfico, transporte público, infraestructuras y vivienda, que son más flexibles a la baja. Es decir, en situaciones de estrés financiero, los ayuntamientos empiezan por ajustar gastos de capital.
Tal y como resalta la calificadora de riesgos Standard & Poor's, "la conjunción de unos ingresos menos volátiles y unos gastos más controlados permiten que el ahorro corriente agregado de los ayuntamientos se degrade menos", en comparación con el de las autonomías.