La aplicación de todas las medidas que contempla la Administración electrónica supuso el año pasado un ahorro de 20.000 millones de euros para el conjunto de las Administraciones, los ciudadanos y las empresas.
El cálculo lo facilitó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante un acto en Moncloa sobre la reforma de las Administraciones Públicas. A lo largo de su intervención, el jefe del Ejecutivo resaltó que España ha pasado del puesto decimoquinto al quinto a nivel europeo en lo que a digitalización de su sector público se refiere. El Gobierno fijará dos fechas para que entren en vigor todas las normas para ciudadanos y empresas.
Esa cuantía incluye todo lo que, ni el sector privado ni el Estado han tenido que gastar, al digitalizarse trámites que antes eran presenciales y exigían documentos en papel, pero también gracias a la reducción de cargas administrativas. El ahorro es superior a los 16.136 millones de euros que dejaron de gastarse en 2013, o a los 15.357 millones que no fue necesario emplear en 2012. Esta mejora es muy significativa, si tenemos en cuenta que el año pasado, el 95% de los procedimientos de los ciudadanos y empresas con la Administración ya eran accesibles por Internet.
Los cambios aprobados por el Gobierno en esta materia han servido para poner en marcha proyectos como el punto de acceso de la Administración General del Estado (conocido como Portal 060), la plataforma de intermediación de datos o la firma electrónica y sellado de tiempo, entre otras iniciativas.
Reducción de cargas
Se entiende por cargas administrativas las actividades que llevan a cabo empresas y ciudadanos para cumplir con la Administración y que se derivan de la normativa vigente. De acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso elEconomista, su reducción ha generado un ahorro de 27.564 millones a la Administración, los ciudadanos y las empresas entre el año 2008 y de noviembre de 2014. Es, por tanto, la actuación con un impacto mayor en las arcas del Estado y en los bolsillos de los españoles.
Intermediación de datos
Esta plataforma se puso en marcha para que, al realizar determinados trámites, el ciudadano no tenga que solicitar certificados o documentación que ya está en poder de cualquier Administración. Los accesos a esta plataforma superaron los 29 millones en 2013 y se incrementaron hasta casi rozar los 33,8 millones el último año. De esta forma, el sector privado ahorra 168 millones sólo de enero a noviembre de 2014.
Plataforma de firma electrónica
Esta plataforma digital permite validar automáticamente firmas y fechas electrónicas en los distintos servicios públicos a los que el ciudadano accede a través de Internet. La Administración validó un total de 111 millones de firmas y certificados electrónicos el pasado ejercicio, lo que se ha traducido en un ahorro para el sector público de 185 millones. Más de 600 organismos del Estado, comunidades autónomas y entidades locales se han adscrito ya a esta plataforma pública.
Notificaciones administrativas
Un único sistema sustituye las notificaciones administrativas postales por electrónicas. En concreto, se han habilitado un millón de direcciones electrónicas con este fin y, a 1 de diciembre de 2014, se habían efectuado 10,5 millones de notificaciones digitales a ciudadanos y empresas que, con ello, han ahorrado 170 millones.
Factura electrónica
Todos los proveedores de las Administraciones están obligados a emitir facturas electrónicas cuando el importe supere los 5.000 euros. Según cálculos de Hacienda, esto va a permitir un ahorro de 51 millones al año, dado que por cada factura electrónica se gastarán 3,75 euros menos. El Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe), está plenamente operativo, con la adhesión de 2.600 organismos de los tres niveles administrativos. Pero esta medida ofrece, además, otros dos aspectos positivos. Permite controlar el estado del recibo en cada momento -evitando que se acumulen facturas en los cajones- y, por otro, pone en evidencia cuál es el periodo de pago de cada organismo público y si éste cumple con la ley.
Emprende en 3
El proyecto de simplificación administrativa para ayudar a la creación de empresas, con declaraciones responsables del empresario, ha permitido la constitución de 14.250 empresas desde su puesta en marcha en el mes de junio del año 2013.
Las pymes no se acostumbran a la factura electrónica