Pymes y autónomos siguen sin habituarse a la utilización de la factura electrónica

Desde hace apenas dos semanas, los empresarios que mantienen relaciones comerciales con las Administraciones Públicas tienen que presentar facturas electrónicas, una medida obligatoria siempre que el importe de la operación supere los 5.000 euros, o bien cuando la Administración pertinente así lo indique de forma reglamentaria, tal y como exige la nueva Ley 25/2013. Costes improductivos debido a los distintos sistemas que utilizan las Comunidades Autónomas

A nivel estatal, la medida ahorrará a la Administración General del Estado 51 millones de euros anuales en cuanto a tramitación, lo que equivale a 3,48 euros por factura. De esta cifra, 2,78 euros corresponderían a la administración receptora, y el ahorro para la entidad emisora llegaría a 70 céntimos.

El cambio ha sido inmediato y, a pesar de que la factura electrónica lleva funcionando bastantes años, su uso todavía no se ha generalizado entre las pymes y los autónomos. Tanto es así que el grupo de servicios de intercambio electrónico, Seres, alerta sobre la falta de homegenedidad y los problemas de conexión en el proceso.

Reducir la morosidad

El ajuste se engloba dentro de la batería de reformas del Gobierno para disminuir la morosidad en el sector público, un hecho que "mejorará la competitividad de las empresas", tal y como afirmó Domingo Molina, director de Tecnología Información y Comunicación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Congreso sobre Factura Electrónica de Ametic, celebrado a finales del pasado año. Desde los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Hacienda y Administraciones Públicas afirman que esta medida disminuirá los errores humanos, el gasto y el tiempo de las gestiones (en un 80%). También aseguran que tendrá un fin sostenible, ya que permitirá un ahorro tanto en papel como en transporte.

Su uso en las Administraciones Públicas no es ninguna novedad. Algunas comunidades autónomas ya contaban con su propia legislación como Cataluña (año 2011) o La Rioja (2013). Seres asegura que las empresas de Madrid, Baleares y Melilla son las más preparadas para el cambio, aunque los más reacios a esta incorporación siguen encontrando inconvenientes.

Falta de normalización

Los últimos datos de Seres aseguran que existe una falta de normalización en el intercambio de la información. Esto se debe a que cada Administración puede crear un punto general de entrada de facturas electrónicas, lo que significa que aunque el sistema Face será el más usado, ya que es el elegido por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales pueden optar por otros, y por tanto las empresas tendrán que adaptar su software a las distintas exigencias de la Administración. Además, las pymes se enfrentan a otros obstáculos. Según Sergio Sellers Cañizares, responsable del servicio eFactura de Telefónica España, la incertidumbre y el cambio "son los dos grandes problemas para interconectar entre las Administraciones Públicas y las empresas", además de la inversión a realizar. De acuerdo con una encuesta elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), el 74% de los proveedores no está capacitados para emitir las facturas de manera electrónica. Tanto es así que, tomando como ejemplo los ayuntamientos, que son las entidades más cercanas a las pymes, sólo el 34% está totalmente informatizado. En cambio, desde la Administración siguen destacando las ventajas del cambio; César Miralles, director de Red.es, reconoce que "en el proceso de tramitación de cada factura se pueden ahorrar hasta 35 euros". Esta cifra, multiplicada por el número de recibos, supondría un ahorro para los países de la Unión Europea de 300.000 millones de euros, según la propia institución.

La obligatoriedad también llega al sector privado, es decir, a aquellas empresas que sean proveedores de otras en sectores de especial relevancia para la economía del país, como el transporte de viajeros, comercio al por menor, agencias de viajes o energía. En estos casos estarán obligados a emitir una factura digital si el proveedor lo solicita con antelación previa.