El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha condenado al Ministerio del Interior a devolver a un funcionario de prisiones la parte proporcional de la paga extra y del complemento específico, devengados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, cuando entró en vigor el decreto 'antidéficit' del Gobierno.
En concreto, el titular del Juzgado, el magistrado Pablo Álvarez López, ha tomado esta decisión al concluir que no haber abonado la parte proporcional de la paga extraordinaria anterior a la entrada en vigor de la medida del Gobierno supuso una "aplicación retroactiva" del Real Decreto, algo prohibido por la legislación y que atentó contra la seguridad jurídica.
El magistrado, en consecuencia, ha decidido anular la resolución del Ministerio del Interior que denegó la reclamación del funcionario para se le devolviese la parte proporcional de la paga extraordinaria al considerar que no fue "ajustada a derecho".
La importancia de su decisión radica en que se trata de la primera condena en firme a la Administración General del Estado (AGE) por la retirada de la paga extra. Hasta ahora, todos los pronunciamientos judiciales se habían producido a nivel autonómico y local.
Según el sindicato de funcionarios CSI-F, la sentencia no deja lugar a dudas, pues censura "la aplicación retroactiva del Real Decreto porque contravendría los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima".
Por otro lado, el juez no ve necesario llevar el asunto al Tribunal Constitucional, tal y como planteaba el abogado del Estado, al considerarlo "superfluo tanto en términos lógicos como de economía procesal".
¿Cuál es su relevancia política?
El sindicato presidido por Miguel Borra afirma que esta sentencia supone un colofón de una cadena de pronunciamientos judiciales a lo largo y ancho del Estado y tiene una gran relevancia desde el punto de vista jurídico.
"De entrada, los criterios de la sentencia serían aplicables al conjunto de funcionarios de Interior, es decir, Policías, Guardias Civiles, Funcionarios de Prisiones y administrativos, entre otros. Y, desde luego, al resto de los funcionarios de la AGE", añade.
Por ello, CSI-F considera que el Gobierno ya no tiene ninguna excusa para devolver la paga 'extra', por lo que ha reclamado una convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas, para generalizar esta devolución al conjunto de los empleados públicos.
Hacienda garantiza a los funcionarios las pagas extras
