Desde el inicio de la crisis, el sector privado ha destruido el 23% del empleo, mientras que el sector público ha ajustado sólo el 3%. Aunque la reducción de los ocupados en la Administración ya lleva seis trimestres consecutivos (una caída de 71.400 ocupados en el primer trimestre de 2013), lo que apunta a un leve cambio de tendencia.
En detalle, en el tercer trimestre de 2007 -periodo en el que se registró el máximo empleo total-, el sector privado tenía 13,937 millones de asalariados, frente a los 10,766 millones que arroja la Encuesta de Población Activa (EPA) en los tres primeros meses de este año. Es decir, ha encajado una pérdida de 3,17 millones de empleos o, lo que es lo mismo, el 22,7 por ciento.
Mientras tanto, la plantilla del sector público tan sólo ha bajado desde los 2,932 millones en el tercer trimestre de 2007 a los 2,845 millones de empleados en la actualidad; es decir, 86.100 asalariados menos, lo que significa el 2,9% de pérdida.
Parece pues, claro, que esta evidente desproporción entre la pérdida de empleo entre los sectores público y privado hace aún más urgente la reforma de la Administración, tanta veces prometida por el Gobierno durante su primer año de legislatura y otras tantas postergada. Una situación heredada de las políticas del Ejecutivo socialista, que entre los años 2004 y 2009 aumentó el gasto público en tasas interanuales del 8,5%, mientras que el PIB no llegaba a crecer el 2%.
Administración inflada
¿Resultado? Se infló la Administración en todo: número de funcionarios, empleados públicos, asesores y temporales, sobre todo en lo que se refiere al ámbito de las comunidades autónomas.
"El único empleo público imprescindible es el de los sectores de justicia y seguridad; el resto, incluido educación y sanidad, es posible reestructurarlo. Y el que es absolutamente superfluo, y debería ajustarse, es el de las televisiones autonómicas, incluso la estatal", sostiene Fernando Méndez Ibisate, profesor de la Complutense.
Este economista expresa la opinión casi unánime de los expertos e incluso de las patronales de la empresa privada: hay que acometer la reforma inmediata de la estructura de gastos e ingresos del sector público. Para unos, como Méndez Ibisate, "es urgente fusionar y eliminar municipios, reducir el número de diputados y senadores, racionalizar los gastos de las comunidades autónomas, reformar el ámbito educativo, la electricidad y hasta las materias primas".
Otros, como José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, insisten en que "es fundamental ordenar el sector público empresarial. Da la impresión de que ni el propio Gobierno sabe cuántas empresas, fundaciones y entes dependientes de autonomías y ayuntamientos existen, su reparto por comunidades o la plantilla adscrita".
Las cifras dan la razón a quienes reclaman que el Ejecutivo haga un mapa detallado del sector público empresarial, para remediar situaciones cuanto menos curiosas, como el hecho de que, en plena erosión privada, las sociedades públicas incrementen asalariados. Así, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), esos trabajadores sumaban casi 160.000 personas en el primer trimestre de 2013, mientras en el cuarto de 2012 eran 155.200, a su vez más que las 152.600 del tercer trimestre de aquel año. En otros ámbitos sí se nota el ajuste de la función pública que Rajoy propugna desde que gobierna. Así, el Estado tiene ahora 504.000 empleados, frente a los 544.300 de hace un año, mientras que las CCAA, en idéntico periodo, han visto descender sus efectivos desde 1,7 millones a 1,5, según la última EPA.
Eliminar duplicidades
Todos los caminos conducen al ajuste público, que en los últimos meses se ha acelerado, si bien el privado apenas frena. En detalle: la ocupación en la Administración cayó el 8,32 por ciento en el primer trimestre de 2013 respecto al mismo periodo de 2012, la mayor tasa en más de un año. Ahora bien, pese a lo prolongado de la crisis, la capacidad de destruir puestos de trabajo del sector privado no se agota, y desciende el 3,7 por ciento.
"La gran diferencia en el ritmo de destrucción de empleo parece apuntar a que al público aún le queda mucho recorrido. Pero eso no significa que se deban despedir profesores, médicos o enfermeros. Habría que ajustar más bien mediante la eliminación de duplicidades, en empresas públicas y en servicios prescindibles como las televisiones públicas", considera Conde-Ruiz.
Por su parte, CEOE y Cepyme destacan cómo empieza a moderarse la pérdida en el sector privado en términos interanuales, mientras que crece el empleo entre los autónomos sin trabajadores.
La reforma de las Administraciones no tiene fecha
