Las negociaciones entre Grecia y la banca, representada por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), para fijar las condiciones de la quita del 50% en la deuda helena en manos privadas terminaron el viernes sin avances. Las partes se han emplazado a seguir negociando a lo largo de esta semana. Los acreedores podrían pedir ayuda a Merkel y Sarkozy con la quita.
La falta de un acuerdo podría hacer replantearse la posibilidad de que los bancos centrales de la Eurozona, en última instancia el contribuyente europeo, adopte un papel más activo en el nuevo rescate de Grecia para evitar una suspensión de pagos sin control.
De momento, el analista de crédito de la agencia Standard & Poor's, Moritz Kraemer, ya ha advertido en declaraciones a Bloomberg TV de que el riesgo de un default es inminente.
El Fondo Monetario Internacional y el propio Gobierno griego se ha fijado un objetivo de reducción de deuda pero los acreedores privados están dispuestos a soportar una quita máxima. La diferencia entre las pretensiones de una y otra parte serían las pérdidas que tendrían que asumir los bancos centrales.
¿La manera de hacerlo? Aceptando ellos también quitas en los bonos griegos que poseen. Eso sí, sobre los que adquirieron antes de que el BCE retomara su programa de compra de bonos públicos en agosto pasado.
Las compras de deuda pública de países de la zona euro por parte del BCE ascienden ya a 217.000 millones, desde el lanzamiento del programa en mayo de 2010.
Pérdidas inferiores al 50%
Según un alto funcionario griego que cita Marketnews International, las pérdidas que asumirían los bancos centrales serían menores a la quita del 50% que debe asumir el sector privado, del entorno del 25 al 30%.
Otra opción, sería que el BCE asumiera pérdidas de aproximadamente 40.000 millones en los bonos griegos comprados bajo su programa, aunque es una alternativa menos viable.
Los principales escollos
El principal escollo en la negociación es la tasa de interés que tendrán los nuevos bonos griegos que recibirán las aseguradoras y bancos que forman el núcleo principal de acreedores de Grecia, y que serán canjeados por sus actuales títulos.
Otro punto a discutir es si la nueva deuda estará sometida a la legislación griega, como quiere Atenas, o a la británica, como reclaman los acreedores.
Los líderes europeos alcanzaron en la cumbre del 26 de octubre un acuerdo con la banca para aplicar una quita del 50% sobre los bonos helenos, lo que supone asumir pérdidas de 100.000 millones de euros, con el objetivo de rebajar la deuda griega al 120% del PIB en 2020. La UE quiere que la quita sea voluntaria para evitar que se desencadenen los seguros por impago de la deuda (credit default swaps).
El peso, sobre el contribuyente
En la medida en que casi toda la financiación a la que tiene acceso Atenas es la que procede de las instituciones internacionales, el resultado es que más de la mitad de la deuda soberana helena está en manos de organismos públicos.
El porcentaje en manos privadas supone una minoría frente al sector público. Los primeros puestos del ranking de tenedores de deuda helena está copado por Gobiernos, bancos centrales y entidades rescatadas, con más del 50%.
Esto significa que, en el caso de que Grecia finalmente no pudiera hacer frente a sus compromisos financieros y el país se viera forzado a refinanciar su deuda o aplicar una quita, el impacto económico recaería en gran medida en los bolsillos de los contribuyentes.
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