El Tribunal Constitucional ha dictaminado que el Estado puede imponer a las Comunidades Autónomas, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, objetivos de estabilidad presupuestaria como medida política y económica de carácter general. Zapatero exige a las CCAA que cumplan su parte en la reducción del déficit.
Así lo ha establecido el pleno del TC en una sentencia en la que ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra varios artículos de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2001, que consideraban que vulneraban la autonomía política y financiera de la Generalitat.
Ambas leyes, que fueron posteriormente modificadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, obligaban tanto al Estado central como a las comunidades autónomas a conseguir el déficit cero en sus presupuestos y a un control más estricto del gasto público.
Las explicaciones
La sentencia recuerda que la libertad de las Comunidades Autónomas para establecer un plan de ingresos y gastos no se establece constitucionalmente "con carácter absoluto" y que la autonomía financiera de las mismas "no excluye, sin embargo, la existencia de controles, incluso específicos".
Según dictamina la magistrada ponente Elisa Pérez Vera, es legítimo el establecimiento por parte del Estado de límites presupuestarios en materias concretas, porque la limitación de gasto impuesto a las administraciones públicas "encuentra su apoyo en la competencia estatal de dirección de la actividad económica general, y su establecimiento está encaminado a la consecución de la estabilidad económica y la gradual recuperación del equilibrio presupuestario".
Además, añade que la imposición de estos topes máximos por parte del Estado también encuentra su fundamento en el límite de la autonomía financiera que establece el principio de coordinación con la Hacienda estatal, el cual exige a las comunidades autónomas "la acomodación" de su actividad financiera a las medidas oportunas que adopte el Estado, tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y externa, toda vez que a la Administración Central corresponde la responsabilidad de garantizar el equilibrio económico general.
La opción está abierta
De este modo, el Constitucional abre las puertas al establecimiento de una ley presupuestaria para fijar un techo de gasto a las regiones, una opción que se ha debatido en diferentes foros políticos y económicos como arma para poder controlar y reducir el déficit que padecen las comunidades autónomas. Una de las dudas que estaban encima de la mesa era la de si era necesario cambiar la Constitución para poder llevar a cabo la medida.
El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha sido uno de lo que se ha mostrado partidario de que las comunidades fijen por ley techos de gasto en sus presupuestos.
La postura de los dos grandes partidos al respecto es diferente. Mientras el candidato a la presidencia del Gobierno del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, rechazaba la medida porque la consideraba inconstitucional, el líder del PP, Mariano Rajoy, es partidario de imponer un gasto estricto y límites de deuda a las 17 comunidades autónomas.
El Gobierno pedirá a las CCAA una regla de gasto