
El fantasma de las quitas y los eurobonos merodeó ayer la reunión que mantuvieron en Bruselas, para intentar evitar la quiebra de Grecia e Italia, los ministros europeos de Economía. Finalmente, la reunión terminó sin acercar posturas sobre el segundo rescate para Grecia y, en particular, sobre la contribución de la banca privada. El acuerdo se aplaza para septiembre, lo que podría agravar las turbulencias en los mercados.
Cita cuyo prolegómeno fue un encuentro extraordinario en el que participaron, entre otros, Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE); Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo; José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea; y Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo (las reuniones de los ministros de Economía y Finanzas de los 17 países de la zona euro).
Sin acuerdo
Alemania y Países Bajos han insistido en que la participación del sector privado constituye una "precondición" para el segundo rescate y debe ser sustancial aunque las agencias de rating la consideren impago.
Por su parte, el BCE "ha confirmado su posición de que hay que evitar cualquier impago selectivo o evento de crédito" que desencadene los seguros contra el impago de la deuda (CDS, por sus siglas en inglés), según consta en el comunicado final.
Las opciones
Tres eran las opciones sobre la mesa para encauzar la contribución de bancos, fondos de inversión y aseguradoras al rescate de Grecia.
Una, propuesta por la propia banca, consiste en que la UE recompre parte de la deuda pública helena en poder de entidades financieras privadas. El precio incluiría un descuento, lo que reduciría el volumen de la deuda e implicaría que los que vendieran se resignarían a una quita voluntaria, a cambio de no perder hasta la camisa si Atenas se desploma de manera caótica.
La recompra podría en realidad adoptar el formato de un intercambio. Los bancos entregarían al fondo de rescate de países en apuros de la UE parte de los bonos griegos en su poder tras aplicarle una quita voluntaria y, a cambio, recibirían papel emitido por este mecanismo, que disfruta de la máxima calificación de solvencia y fiabilidad otorgada por las agencias de rating: la triple A.
Dado que este mecanismo goza de la triple A gracias a los avales que recibe de Alemania, Francia Holanda, Austria, Luxemburgo y Finlandia, esta fórmula equivaldría a una emisión encubierta de eurobonos o deuda pública del conjunto de los países que comparten el euro como moneda común. La solución es para Grecia, pero sería interpretada de inmediato como un precedente aplicable a otros países bajo la presión de los mercados, como Portugal e Irlanda -si necesitaran como Grecia una ampliación de sus planes de rescate-, y a España, Italia y Bélgica, si finalmente terminaran por pedir ayuda externa.
La segunda opción para que los bancos corran con parte del esfuerzo de apuntalar a Atenas es que acepten cambiar los bonos griegos en su poder que venzan entre ahora y 2014 por otros que Atenas no tenga que pagar hasta siete años más tarde. Pero esta medida podría provocar turbulencias en el mercado.
La tercera opción es que a medida que venza la deuda griega en poder de los bancos europeos y Atenas pague, las entidades financieras se metan en el bolsillo el 30% del reembolso recibido; reinviertan el 50% en bonos griegos a 30 años; y confíen el restante 20% a una hucha que se invertiría en deuda de máxima calidad para enjugar las posibles pérdidas de la operación de recompra de papel heleno. Los intereses que Grecia tendría que pagar por esta tercera fórmula oscilarían entre el 5,5 y el 11%, demasiado caros.
Los intereses griegos
De hecho, ayer estudiaban los países de la UE volver a bajar la rentabilidad que exigen a Atenas a cambio de los préstamos con los que evitan su quiebra desde primavera de 2010. Hace un año le impusieron intereses que rondaban el 5%, y ya los rebajaron por primera vez esta primavera a alrededor del 4%.
En este sentido, los ministros han encargado a un grupo de trabajo que "explore las modalidades de financiación del nuevo programa multianual, pasos para reducir el coste del servicio de la deuda y medidas para mejorar la sostenibilidad de la deuda pública de Grecia". Asimismo, han celebrado las propuestas del sector privado para contribuir voluntariamente al segundo rescate, sin entrar en más detalles.
Los países han reiterado su "compromiso absoluto de salvaguardar la estabilidad financiera de la eurozona". "Para ello, los ministros están dispuestos a adoptar más medidas que mejoren la capacidad sistémica de la eurozona para resistir el riesgo de contagio, incluyendo reforzar la flexibilidad y el alcance" del fondo de rescate, "alargar los vencimientos de los préstamos y reducir los tipos de interés".
Firma del fondo de rescate
Al inicio de la reunión de ayer, los ministros de Economía y Finanzas de los diecisiete países del euro firmaron el Tratado por el que queda constituido -pero aún pendiente de ser ratificado por cada uno de sus respectivos parlamentos nacionales- el fondo de rescate permanente, que en julio de 2013 tomará el relevo del mecanismo provisional en vigor desde primavera de 2010.
El mecanismo para apuntalar a países endeudados hasta las cejas y acosados por los mercados nace muerto o, al menos, superado por las circunstancias. Salvo que se reabra la negociación y vuelva a ser reformado, Alemania, Holanda y Finlandia han vetado que los 750.000 millones de euros del fondo puedan utilizarse para comprar deuda en el mercado secundario. Lo que lastra la opción de recompra y quita voluntaria; salvo que se improvise otra vía o que el BCE vuelva a comprar deuda griega.
Los responsables comunitarios intentaban ayer, al cierre de esta edición, hilvanar un acuerdo que deje claros los contornos de la ampliación de la ayuda a Grecia y la participación de la banca, aunque la letra pequeña se siga negociando hasta septiembre. Europa y el FMI ofrecieron a Atenas 110.000 millones de euros en préstamos a entregar escalonadamente entre 2010 y 2012. Ahora barajan añadir aproximadamente 85.000 millones, y alargar el periodo hasta 2014. Berlín, La Haya y Helsinki exigen que entre el 20 y el 30 por ciento del esfuerzo recaiga sobre la banca.