Algunas comunidades autónomas han encontrado un argumento para justificar el posible incumplimiento de los objetivos de déficit para este año, que son de un máximo del 1,3%. Mantendrán en su previsión de ingresos las cantidades que han calculado que el Gobierno central debe librarles como anticipo de los Fondos de Convergencia. El monto de las reclamaciones hechas públicas hasta ahora por los Gobiernos autonómicos reclamantes supera los 4.000 millones de euros.
Las cuantías más importantes corresponden a Cataluña, con 1.350 millones de euros, y a Madrid, con unos 1.000 millones, correspondientes al Fondo de Competitividad, que es el que perciben las regiones más desarrolladas. Otras comunidades como Castilla-La Mancha -la única de las díscolas con Gobierno socialista- y Murcia reclaman cantidades de 400 millones y 211 millones de euros a cuenta del Fondo de Cooperación, que es el destinado a comunidades con niveles de renta inferiores.
Destacan por su volumen también las reclamaciones de la Comunidad Valenciana, con 633 millones de euros, y de Galicia, con 805 millones de euros, si bien en esta comunidad, las reclamaciones derivadas del Fondo de Cooperación ascienden a 243 millones y otras partidas relacionadas con el sistema de financiación otros 390 millones (el resto de 171,6 millones es una reclamación fiscal).
La actitud de los diferentes Gobiernos sobre cómo hacer sus respectivas reclamaciones va desde la negociación a toda costa patrocinada por el consejero de Hacienda de Cataluña, Andreu Mas-Colell, a la de Murcia que ha planteado un recurso en el Tribunal Constitucional, o los que recurrirán a la vía jurisdiccional, como han anunciado la Comunidad Valenciana o como ya ha hecho Castilla-La Mancha, con su reclamación en el contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, aunque sigue esperando que las negociaciones extrajudiciales den como fruto ablandar la hasta ahora férrea resistencia del Ministerio de Economía y Hacienda sobre el calendario de los pagos de los Fondos de Convergencia.
El vicepresidente económico valenciano, Gerardo Camps, aseguró que mantendrá el hipotético ingreso en el presupuesto de 2011, por lo que, si no lo ingresan "tendremos un mayor déficit a causa de la conducta del Gobierno". De sumarse esa cantidad, el déficit pasaría del 1,3% del PIB a casi el 25. Camps explicó que su plan de reequilibrio no se aprobó porque Elena Salgado pretende que quite esos 633 millones. "Hemos reducido un 30 por ciento el presupuesto que teníamos de los capítulos 4, 6 y 7, ¿dónde más tenemos que reducir el gasto?", se preguntó.
El político valenciano señaló las, a su juicio, incongruencias de la decisión de la vicepresidenta, como que "la misma ley que ha traído consigo que se reciban esos anticipos en 2009 y 2010 no ampara que no se reciban en 2011", o que diga que esas transferencias pondrían en riesgo alcanzar el objetivo de estabilidad, ya que, afirmó, "el cómputo es global" y el dinero, "en lugar de estar en las cuentas del Estado estaría en las comunidades".
Salgado responde
Sobre la posibilidad de que las comunidades autónomas mantengan las previsiones de ingresos incluyendo los fondos y, por lo tanto incurran en un mayor déficit del acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, recordó ayer que la decisión de limitar el endeudamiento de las comunidades autónomas que no cumplan trimestre a trimestre el objetivo de déficit se tomó colegiadamente en el seno del Consejo. Y defendió que esta limitación al endeudamiento es "la única herramienta colectiva que poseen el Gobierno y las comunidades autónomas".
Elena Salgado insistió en que la vía del saneamiento financiero es buscar la eficiencia de los servicios públicos esenciales y recordó, con intención de advertencia que, si no se cumplen los compromisos [de déficit] contraídos, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas se verán obligados a pagar más intereses por la deuda.
Déficit "0" para los municipios
Ayer negoció el Ministerio de Economía y Hacienda con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) la ampliación de la senda de consolidación fiscal para las corporaciones locales, que queda establecido en el 0,3% del PIB respectivo en 2012; en el 0,2% para 2013 y déficit cero en 2014.
Además de esta estrategia de consolidación, la reunión fijó que las entidades locales que presenten un déficit inferior al 5,53% de sus ingresos no financieros como consecuencia de la liquidación de sus presupuestos de 2010, estarán exentos de la obligación de presentar un plan económico-financiero de reequilibrio. Esta exención, aprobada con carácter excepcional para conciliar los objetivos de la normativa de estabilidad con la valoración de la situación económica es únicamente aplicable a las entidades locales cuyo déficit no sea superior al 0,4 por ciento del PIB, fijado dentro de la senda de con- solidación fiscal para 2010, que debe transformarse en el 5,53 de los ingresos no financieros de cada uno de los entes locales, ya que el cálculo de un PIB municipal crea muchos problemas técnicos.
CCAA: El Gobierno fija el límite de déficit en el 1%