Los ministros de Economía de la UE han alcanzado un acuerdo político sobre un nuevo sistema de sanciones de hasta el 0,2% del PIB, que en el caso de España supondrían 2.000 millones de euros, para los países de la Eurozona con déficit o desequilibrios excesivos. El dinero que se recaude con estas multas se utilizará para alimentar el fondo de rescate. Trichet pone el alerta a la UE: las sanciones por déficit son insuficientes.
Las nuevas sanciones son uno de los pilares del plan de la UE para evitar que se repitan nuevas crisis de deuda. Sin embargo, los Estados miembros han descafeinado la propuesta original de la Comisión.
Los Veintisiete tienen que negociar ahora la reforma con la Eurocámara y se han marcado como objetivo llegar a un compromiso definitivo en junio de este año.
Sanciones menos estrictas
Las multas no serán casi automáticas como defendía Bruselas, sino que se deja más tiempo a los países incumplidores para corregir sus problemas. Además, se da más peso a las decisiones políticas de los ministros de Economía, que en el pasado han aprobado incumplir el Pacto de Estabilidad.
¿Y cómo funcionarán? Si un país no realiza los ajustes necesarios para acercarse al equilibrio presupuestario, la UE le obligará a bloquear un depósito generador de intereses del 0,2% de su PIB. Cuando se sobrepase el 3% de déficit, se le retendrán los intereses, y el depósito se transformará en una multa si el Gobierno afectado no ha tomado medidas para corregir el desequilibrio presupuestario.
Las sanciones se activarán de forma semiautomática a propuesta de la Comisión y se prevé un mecanismo de voto inverso: la propuesta se considerará adoptada a menos que el Consejo la rechace por mayoría cualificada. Además, el lanzamiento de un procedimiento sancionador seguirá siendo una decisión política que dependerá del Ecofin.
Desequilibrios excesivos
Aparte del procedimiento por déficit, se crea un nuevo procedimiento por desequilibrios excesivos, que se traducirá en multas de hasta el 0,1% del PIB -1.000 millones de euros en el caso de España- para los países que no adopten las medidas recomendadas para frenar su pérdida de competitividad, por ejemplo para los que no eviten la aparición de burbujas inmobiliarias.
Este nuevo sistema de vigilancia se basará en una serie de indicadores para detectar de forma precoz cualquier desequilibrio que amenace la estabilidad de la economía europea.
Los Veintisiete ya se han puesto de acuerdo a nivel técnico en nueve indicadores: el balance por cuenta corriente, la posición neta de activos exteriores, el tipo efectivo de cambio real basado en los costes salariales unitarios, el tipo efectivo de cambio real basado en el deflactor del PIB, los precios de la vivienda, la deuda del Gobierno y el ratio de crédito al sector privado en porcentaje del PIB.
Reforma histórica
Tras el anuncio del acuerdo, las reacciones no se han hecho esperar. El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha resaltado que se trata de una "reforma histórica" y ha dicho que espera que el nuevo sistema de sanciones pueda ya aplicarse cuando se examinen los presupuestos y los planes de reformas de los Estados miembros correspondientes a 2012.
Por su parte, la ministra de Economía española, Elena Salgado, ha agradecido la "flexibilidad" de la Comisión y del resto de colegas "con los países más descentralizados como España".
En cuanto al capítulo de los desequilibrios económicos, uno de los más controvertidos, Salgado ha expresado su satisfacción porque se ha logrado un "buen equilibrio". Tal y como reclamaba España, las multas serán también menos automáticas porque "tienen razones muy diversas que no siempre son fáciles de evitar por parte de los Estados. Ahí la responsabilidad de los Estados no es la misma que en el caso de los desequilibrios fiscales".
Además, destacó que no sólo se vigilará el déficit por cuenta corriente, sino también el superávit, lo que repercutiría sobre Alemania. "Los desequilibrios en ambos sentidos están contemplados como desequilibrios macroeconómicos", ha insistido. Pocas horas antes, la ministra había asegurado que el pacto estaba prácticamente cerrado.
Por su parte, la ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, ha asegurado que el acuerdo es "muy ambicioso" e "histórico" porque "completa la unión monetaria con un aspecto de gobernanza que avanza hacia el gobierno económico europeo".
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