
La todopoderosa Alemania marca el paso y, como en diciembre, prevé frenar todo acuerdo que pudieran alcanzar en su cumbre de hoy en Bruselas los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 países de la UE para aumentar y flexibilizar el fondo de rescate de países del euro al borde de la quiebra.
Según el borrador de conclusiones elaborado por el conservador Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, los líderes europeos se comprometerán hoy a reformar el mecanismo de rescate.
Pero los detalles seguirán negociándose hasta una cumbre que podrían celebrar a principios de marzo sólo los 17 países que comparten la moneda única de Eurolandia; o hasta la cita de los líderes de los Veintisiete prevista para finales de marzo.
Antes de ofrecerles su apoyo, Berlín quiere arrancar a sus socios lo que ha bautizado como un Pacto de Competitividad: nada de subir los salarios en paralelo a los precios, si acaso en función de mejoras en la productividad -moderación salarial que Alemania ha mantenido durante la última década con disciplina prusiana-; reformar los sistemas de pensiones y retrasar a los 67 años la edad de jubilación, como acaba de hacer España; grabar en el mármol de las constituciones nacionales una prohibición de dejar que se desboquen el déficit y la deuda pública, a lo que el Gobierno francés ha anunciado estar dispuesto; y armonizar el Impuesto sobre Sociedades, para evitar que Estados como el irlandés atraigan a las empresas extranjeras con tipos reducidos, y luego pidan auxilio a los vecinos sobre los que han ejercido una competencia fiscal presuntamente desleal.
Si sus socios pasan por el aro, y más les vale porque si no tendrán que defenderse de los ataques del mercado sin el amparo alemán, Berlín está abierta a diferentes opciones para reformar el fondo de rescate. Alemania pone precio a su apoyo para ampliar el fondo de rescate.
La primera sería aumentar sus garantías para que si un país necesita ser rescatado, el fondo pueda acudir a los mercados y movilizar un máximo de 440.000 millones de euros, completados por otros 60.000 millones del presupuesto de la UE y otros 250.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI). En teoría, el mecanismo ya puede movilizar todo este dinero para prestárselo a los países en apuros. Pero en realidad, tal y como está diseñado, no superaría la mitad.
Otras ideas son agilizar el fondo para que no intervenga sólo en caso de quiebra inminente, sino también de manera preventiva, como defiende España; abaratar sus préstamos -los tipos de interés impuestos a Grecia e Irlanda están entre el 5 y el 6 por ciento-; prolongar el plazo de devolución; facilitar que los Estados atribulados lo utilicen para sanear a sus entidades financieras -posibilidad ya contemplada en los casos griego e irlandés-; y permitir que puedan utilizar esta ayuda para recomprar su deuda pública al precio de saldo con el que en la actualidad se comercia en el mercado, una especie de reestructuración dulcificada.
Egipto, energía e innovación
Los dirigentes de la UE también deberían comprometerse hoy a que todos sus países estén interconectados a más tardar en 2015, de modo que puedan suministrarse entre ellos energía si un productor como Rusia vuelve a cerrar el grifo del gas.
Prometerán impulsar la innovación y, según evolucionen los acontecimientos, intentarán adoptar una posición común sobre las revoluciones en Egipto y Túnez.