Afortunadamente, ha empezado a asentarse la convicción, tan certera, de que en estos años de aparente opulencia, basada en el recalentamiento de la burbuja inmobiliaria y en la generación de un ficticio "efecto riqueza" que ha disparado la demanda interna, hemos vivido muy por encima de nuestras posibilidades, por lo que es llegada la hora de apretarnos el cinturón y, sobre todo, de plantear un futuro mucho más austero y realista.
Esta conclusión, muy generalizada, que ha dado lugar en primera instancia al relevante ajuste ya aprobado -15.500 millones de euros hasta 2011- que representa una primera reducción real de rentas (el empleo ya ha realizado su propio y dramático ajuste espontáneamente), está también en el origen de las reformas estructurales que ya se han empezado a aplicar: la reforma laboral, que en cuestión de días flexibilizará el mercado, y la congelación de las pensiones, preludio de una reforma del sistema de previsión que pronto se negociará en el seno del Pacto de Toledo y que irremisiblemente desembocará en una elevación de la edad de jubilación y en una relación más estrecha entre la contribución prestada y las pensiones recibidas.
Pero a nadie se le oculta que el mayor despilfarro de este país proviene del segundo nivel de la Estructura del Estado: las Comunidades Autónomas. Nuestras autonomías, institucionalmente sobredimensionadas en la inmensa mayoría de los casos, han creado aparatos burocráticos inefables y han heredado todos los vicios del clientelismo que caracterizaba al viejo centralismo.
Por añadidura, los entes autonómicos administran grandes cantidades recursos que otros recaudan (su actividad recaudatoria directa es todavía irrelevante pese a las últimas reformas estatutarias), por lo que en este estadio de la acción pública se ha perdido por completo el correlato entre ingresos y gastos, la relación inexorable entre la impopularidad que acarrea recaudar impuestos y la popularidad que proporciona otorgar subvenciones y presidir inauguraciones.
Intentos testimoniales
La inflación burocrática se está haciendo patente estos días a través de algunas iniciativas bien intencionadas pero de momento sólo testimoniales. Así, la Generalitat, en puertas de un proceso electoral, ha encargado a una comisión de expertos la redacción de un programa "de desburocratización" de la administración catalana; y sus conclusiones son reveladoras: en un razonado documento de 66 páginas, los técnicos explican que de los 245 organismos y entidades inventariados, 104 son prescindibles. Ni que decir tiene que el gobierno catalán, asombrado y perplejo por el descubrimiento, ha acordado reducir unos 60... pero no ahora mismo: la decisión se aplaza sine die. El gesto se ha insinuado pero la cirugía puede esperar.
¿Representación o 'lujo asiático'?
¿Cómo poner en la calle, pocos meses antes de unas elecciones vitales, a tanta personalidad influyente que vive de la urbe de la Generalitat? En el mismo capítulo de ideas, es reseñable que Cataluña está instalando representaciones en el exterior con gran alarde y despliegue de medios; actualmente, las tiene en Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina y ante la Unión Europea. Y, por supuesto, como todas las comunidades autónomas, tiene una lujosa representación en Madrid, con 900.000 euros anuales de presupuesto.
Albert Rivera, de Ciutadans, ha aportado un dato relevante, que no ha sido impugnado: las representaciones de Cataluña cuestan a los contribuyentes unos 25 millones de euros anuales.
Aunque el artículo 194 del Estatuto autoriza estas actuaciones, la Constitución reserva las relaciones exteriores al Estado central, como es lógico en cualquier modelo federalizante como el nuestro. La contradicción es flagrante.
El Gobierno, por su parte, hace lo que puede para contener este derroche, que no es mucho. Al hilo del ajuste, ha impuesto restricciones severas al gasto de las comunidades autónomas, que sin embargo producen escepticismo en los analistas financieros.
El objetivo, reducir el déficit
Concretamente, en marzo de este año en curso, ante el cariz de los acontecimientos, el Gobierno impuso a las Comunidades Autónomas el acuerdo marco para la reducción de su déficit previsto en el plan de austeridad, de forma que se fija como objetivo que el déficit conjunto de las regiones sea del 1,1% del PIB en 2013, frente al 1,7% registrado en 2009.
En cualquier caso, las regiones deberán asumir hasta 2013 una reducción del déficit equivalente al 0,5% del PIB, lo que supone más de 5.000 millones de euros en cuatro años para el conjunto de las Comunidades Autónomas. El acuerdo marco fue aprobado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el respaldo de 10 Comunidades Autónomas, mientras que otras ocho, las gobernadas por el PP, se abstuvieron (Canarias se ausentó de la votación).
Para el cumplimiento de ese acuerdo marco, se están redactando de planes de reequilibrio financiero para cada comunidad, en los que se introducen acuerdos de no disponibilidad de fondos presupuestados para 2010. Esos acuerdos representan un para 2010 de 1.975 millones de euros de ahorro, aunque la vicepresidenta Salgado ha señalado que, cuando se aprueben los de la totalidad de las regiones, "podríamos llegar a los 3.000 millones".
Un 2010 irracional
Pocas semanas después de dicho acuerdo, ya en mayo pasado, un analista de la agencia de calificación de riesgos Standard & Poors, Lorenzo Pareja, redactó un informe sobre la necesidad de reducción de costes regionales. En el documento, decía que las Comunidades Autónomas afrontarán en 2010 "el peor comportamiento presupuestario consolidado de la historia reciente".
S&P fundamenta sus previsiones, por una parte, en el débil crecimiento económico previsto para el periodo 2010-2013, que resultará en un lento crecimiento de los impuestos regionales y, por otra parte, en las dudas sobre la capacidad de las autonomías de controlar sus gastos, teniendo en cuenta el comportamiento histórico sobre este capítulo, ya que registraron un crecimiento del gasto del 9% de media entre 2003 y 2009. Asimismo, S&P destaca la rigidez del gasto autonómico debido a la naturaleza social del mismo y al "demostrado deseo" de las comunidades autónomas de mantener programas de gasto ambiciosos.
La deuda regional, disparada
"Entre 2009 y 2012 pronosticamos una desviación al alza sin precedentes en el ratio de deuda regional española consolidada", dice Pareja. De hecho, pronostica que la deuda regional superará el 110% de los ingresos en 2012, lo que significa más del doble del nivel de 2007. El documento destaca por último que el Ejecutivo central está intensificando su presión sobre las CC AA para que limiten los gastos, de la misma forma que Bruselas está presionando al Gobierno español para que estabilice sus cuentas públicas.
La Fundación Progreso y Democracia, vinculada al partido fundado por Rosa Díez, ha publicado un interesante análisis sobre este asunto, titulado "El Coste del Estado Autonómico I", un trabajo de investigación del Grupo de Administración Pública de UPyD, formado por expertos en administración, gestión y economía.
El objetivo del estudio, que le confiere especial valor (en España no hay instituciones que realicen este tipo de estudios), es evaluar el sobrecoste del sistema autonómico comparando la eficacia (capacidad para cubrir objetivos propuestos) y eficiencia (coste del funcionamiento de la administración) de las CCAA partiendo de los datos que ellas mismas aportan sobre presupuesto en gastos corrientes y de personal (no en servicios prestados).
Derroche de 26.000 millones en personal
Algunas de las conclusiones más expresivas del informe (que se transcriben en parte de forma literal) son éstas:
1.- Las CCAA derrochan unos 26.000 millones de euros en gasto corriente y de personal. Esa cifra puede ahorrarse adoptando las prácticas de las más eficientes en Gasto de Personal y Gasto Corriente: Navarra, Murcia, Extremadura y Galicia. Las más derrochadoras son Cataluña y la Comunidad Valenciana.
2- España es el país con el gasto más descentralizado de Europa. Las CCAA tienen 10 puntos más de capacidad de gasto que los Lander alemanes y, lo que es aún peor, no responden por el endeudamiento ni son controladas por el Estado.
3- En España hay un absoluto descontrol de la multiplicación de servicios, entidades y empresas públicas. Entre 1990 y 2009, las administraciones públicas han aumentado en 500.000 empleados públicos.
4- No hay proporción entre las plantillas de funcionarios y el presupuesto: las CCAA gestionan el 35% del presupuesto con el 50% de los funcionarios; por su parte, los ayuntamientos gestionan el 15% del presupuesto con el 24% de los funcionarios.
5- Se producen algunos sobrecostes injustificables: un parlamentario autonómico catalán cuesta el doble (505.926 euros al año) que uno nacional (250.000 euros año), pese a tener menos competencias. La deuda de las Televisiones de las CCAA en 2008 ascendía a 1.600 millones de euros (108 euros/ hogar). La deuda conocida de sus empresas públicas era de 55.000 millones de euros a finales 2009.
6.- Hay una preocupante multiplicación de normas derivada de la multiplicación de administraciones: más de 100.000 normas, leyes y reglamentos vigentes. Esta situación tiene dificulta enormemente la unidad de mercado en España.
7.- El 46% del presupuesto de las CCAA va a gastos de personal y corriente.
La tónica: despilfarro y mala gestión
El informe obtiene asimismo algunas jugosas conclusiones. La primera y fundamental, que el derroche de las CCAA agrava la crisis económica.
Ahorrando con una buena gestión, el Estado podría disponer de más recursos sin aumentar impuestos ni endeudarse más. Estos recursos son indispensables para las prestaciones por desempleo, las pensiones, los servicios sociales y la reactivación económica.
Asimismo, la mala gestión es independiente del color político del partido gobernante: no hay diferencias "ideológicas" entre la gestión de las CCAA. Ni Madrid es más liberal, ni Cataluña más moderna, ni el País Vasco ofrece mejores servicios, etc. Son sólo tópicos que se desvanecen en cuanto se analizan los datos objetivos.
Finalmente, el Estado carece de instrumentos suficientes para controlar el gasto público de las CCAA, que no responden ante nadie. Pero es que, además, el Estado tampoco usa los pocos instrumentos que puede emplear. Eso debilita la posición de España en los mercados internacionales de deuda, puesto que el Gobierno sólo controla un porcentaje del gasto público que oscila -según cálculos- entre el 35% y el 50% del total. Por tanto, tampoco puede hacer promesas fiables de ahorro, saneamiento de las finanzas, etc.
El conjunto de todos estos datos permite afirmar con toda rotundidad que el problema español, que se resume en un despilfarro crónico del sector público que no es sostenible por un país de nuestras dimensiones y de nuestro nivel de riqueza, no se resolverá si las medidas de austeridad no alcanzan de manera drástica también a las comunidades autónomas.
El gasto público saca a España de la recesión