El decreto que prepara el Gobierno para reformar el mercado laboral no es un tema desconocido para todos. De hecho, el Ejecutivo todavía está estudiando algunos contenidos con el sindicato dirigido por Cándido Méndez para intentar que aunque ésta "vaya a ser profunda", según señalan fuentes ugetistas, no sea demasiado dañina y evitar así que, finalmente, los sindicatos paren la economía nacional durante un día.
Prueba de ello es la modificación del contrato de fomento al empleo indefinido (el de 33 días de despido): el Gobierno no habilitará este contrato para todas las personas, aunque sí lo planteó en el primer documento sobre la reforma, y es que Cándido Méndez, secretario general de UGT, nunca ha estado de acuerdo con dejar obsoleto el contrato de 45 días y parece que finalmente ha convencido al Ejecutivo de que no se incluya esta modificación en el decreto.
No obstante, hay otros detalles que la central todavía no ha podido eliminar del documento. Este es el caso de la clarificación de las causas del despido objetivo, que desencadenaría el paro general.
De todos modos, no hay nada que se vaya a dejar al azar. UGT también ha contemplado la posibilidad de huelga general, en caso de que la reforma vulnerase algún derecho de los trabajadores. Y lejos de representar la ruptura del lazo que une a UGT y al PSOE, su convocatoria no sería otra cosa que una ruptura pactada, ya que ésta no deteriorará las relaciones entre Méndez y Zapatero, según explican miembros del sindicato. Es decir, un mero lavado de imagen.
Una reforma de calado
Pero la reforma laboral es algo más que un juego de fuerza a nivel estatal. El nuevo texto tendrá que garantizar al mercado el sostenimiento de la deuda a medio plazo. El cambio del marco laboral deberá facilitar la creación de empleo, porque "es ahí donde realmente se sustenta la deuda", señalan algunos expertos consultados por elEconomista.
Para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), una reforma laboral de calado se debe sustentar en cuatro pilares: la negociación colectiva, las políticas activas de empleo, el coste y la forma del despido y el contrato único.
La reforma de la negociación colectiva será la única pieza que otorgue flexibilidad al mercado laboral. Por ello, "es una parte esencial", señala Pablo Vázquez, director Ejecutivo de Fedea. La primera premisa sería flexibilizar la cláusula de descuelgue, instrumento de los convenios colectivos a través de la que las empresas se dejan de cumplir las condiciones firmadas. "Lo ideal sería que la empresa que quiera se pudiera adherir a un convenio si no puede realizar la negociación en su empresa y que no tenga la obligación de sumarse a éste".
Por otra parte, se deberían eliminar los convenios provinciales y delimitar los temas a determinados ámbitos de la negociación para que no se produzca el efecto "cascada" que ahora tiene la negociación colectiva. Pero esto "no le beneficia ni a patronal ni a sindicatos", destaca Vázquez.
Despido y contrato único
El objetivo de modificar el despido es intentar "darle al empresario más certidumbre". Según Pablo Vázquez, el despido exprés aunque sea caro es el más eficaz. Asimismo, Vázquez cree que su coste se debería reducir a unos 20 días, ya que el coste de la indemnización es salario diferido, que es la razón de que los salarios en España sean más altos. Y la razón de encontrar la salida en el despido exprés es que el Juzgado de lo Social "no está preparado" para determinar la legitimidad de los despidos.
En cuanto a la dualidad del mercado laboral, la fórmula que defiende Fedea es el contrato único, que tenga el formato de un temporal durante los dos primeros años con 8 días de despido y que la indemnización vaya incrementándose de forma progresiva hasta unos 30 días.
La modificación de las políticas activas de empleo también es necesaria para que descienda la cuota de paro. Lo primero es eliminar las bonificaciones a la contratación y recurrir a la intermediación laboral de las agencias privadas de empleo. Pero, "hacer más útiles los cursos de formación también es esencial", señala.
Los deberían hacer las empresas privadas y optar a ellos a través de concursos públicos que cuantifiquen el éxito de recolocación. Y, por último, se tendría que retirar la prestación por desempleo si el parado rechaza las ofertas de empleo y la formación.
El Gobierno sopesa dificultar el despido exprés
