Economía

¿Despido exprés? El Gobierno sopesa dificultarlo con la reforma laboral

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Foto: Archivo

El despido será el eje de la reforma laboral, tal y como lo está siendo en las negociaciones del diálogo social. Una vez el Gobierno levantara las líneas rojas sobre las indemnizaciones del despido, el diálogo sobre la reforma gira alrededor del coste. Y es que España continúa teniendo el cese laboral más caro de toda la Unión Europea, eso sí, libre.

Aunque todavía no se sabe por cuanto tiempo, ya que la supresión del despido exprés, que se basa en que el empresario pueda extinguir un contrato en sólo 48 horas si paga la máxima indemnización, es decir, 45 días por año, está contemplada en la propuesta del Ejecutivo.

De todas maneras, aunque el Ministerio no incluyera la abolición total de este despido, sí que puede hacerlo menos atractivo al incentivar el despido procedente e incluso subvencionando el despido objetivo y costeando esta subvención a través de las cuotas empresariales a todas las empresas por igual; de hecho, en eso consiste el modelo austríaco, según explican fuentes de la negociación.

Opciones para el trabajador

No obstante, el Ejecutivo no ha sido capaz de tratar este tema en las negociaciones, tal y como confirman los sindicatos y la patronal. Esto se debe a que la anulación de este tipo de despido, aprobado en la reforma laboral de 2002 y que ahorra la posible espera de un juicio y los salarios de tramitación que este conlleva, hubiera provocado la ruptura del diálogo de forma instantánea por parte de los empresarios.

De todos modos, no se puede descartar que el Gobierno lo incluya en la reforma laboral, cuando redacte de forma unilateral el decreto-ley, cuya aprobación está prevista para el próximo día 16 de junio en un Consejo de Ministros Extraordinario, y que presumiblemente no será apoyado por los agentes sociales, que mantendrán la última reunión tripartita el próximo miércoles día 9 de junio.

La posición de inmovilidad del Gobierno en el diálogo social provocó que los sindicatos acudieran la pasada semana a la mesa del diálogo con una propuesta de reforma laboral en la que incluían la eliminación del despido libre. Su planteamiento no sólo exigía la eliminación del despido exprés, que no tiene ninguna tutela judicial, sino que en caso de declaración de improcedencia no se ejecute la decisión empresarial "con la sola opción del trabajador de extinguir su contrato con indemnización".

Piden que cuando el juez declare que un despido es improcedente, el empleado pueda decidir si se reincorpora en la empresa o no.

A este respecto, la posición de la patronal es bien distinta. Aunque sí que han solicitado que se facilite el despido por causas objetivas y parece que el Ejecutivo modificará el Estatuto de los Trabajadores para flexibilizar en este punto, su objetivo principal es la desjudicialización del despido, ya que el Juzgado de lo Social es más favorable, habitualmente, al trabajador.

CiU apoyará el decreto

El grupo parlamentario catalán ofreció ayer su apoyo para que el decreto-ley de reforma laboral pase el visto bueno del Congreso sin ningún problema. El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, explicó que para recibir su apoyo el Gobierno tendrá que negociar con CiU el texto antes de llevarlo al Consejo de Ministros e incluir algunas premisas.

El portavoz adjunto de CiU Josep Sánchez Llibre propuso ayer cuatro ideas a incluir en la reforma laboral. Entre ellas, que las empresas en crisis, en especial las pymes, se puedan "descolgar rápidamente de los convenios sectoriales, sin dificultades". Otra idea de CiU en relación con la reforma de la negociación colectiva pasa por dar "más flexibilidad a las normas laborales en relación a la funcionalidad y movilidad de los trabajadores, teniendo en cuenta la productividad, las condiciones económicas, tecnológicas o de organización".

Además, también respecto a la negociación colectiva, Sánchez Llibre pidió que se vincularan los incrementos salariales con la productividad y tender a la eliminación de la "ultraactividad" de los convenios colectivos.

Asimismo, el portavoz económico de CiU alertó de que si el Gobierno de "no pone en marcha inmediatamente las reformas pendientes, como la laboral", España puede tener "algún disgusto serio" como ya lo han tenido Grecia y Hungría. Y explicó que "si no actuamos con celeridad, podríamos tener un julio negro", ya que hay que "renovar más de 24.000 millones de euros de deuda pública española que vence" y los mercados "no perdonarían" si no se han iniciado reformas como la laboral.

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