El presidente Zapatero, que impuso manu militari suprimir los blindajes de las cotizadas, se ha salido con la suya. La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó hoy una enmienda pactada entre PSOE y CiU que suprime la limitación de los derechos de voto en las empresas que cotizan en bolsa. No obstante, la entrada en vigor de la prohibición se retrasará un año desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Gobierno no ha escatimado esfuerzos para sacar adelante la enmienda, y esa era una de las exigencias de CiU.
La modificación de los blindajes afecta a grandes empresas españolas entre las que figuran Telefónica, Banco Popular y las energéticas Iberdrola y Repsol, así como los principales accionistas de estas dos últimas: las constructoras ACS y Sacyr Vallehermoso, respectivamente.
La medida no contó con el apoyo de los demás grupos. Así, mientras el PP y Coalición Canaria se abstuvieron, PNV y ERC-IU-ICV lo rechazaron.
Tras una intensa negociación a lo largo de más de mes y medio, durante la que se retrasó el debate hasta en dos ocasiones, el PSOE sólo logró el apoyo de la federación catalana a cambio de modificar su contenido para proteger el marco de las sociedades anónimas no cotizadas, que podrán mantener estos blindajes.
No obstante, el acuerdo contempla también que las empresas que salgan a Bolsa dispongan de un tiempo no superior a un año para adaptar sus estatutos a la supresión de estas limitaciones.
CiU busca con estos matices dar traslado a las observaciones formuladas por el Instituto de la Empresa Familiar, mientras que el PSOE afirma que acepta el retraso para no "perjudicar" a las empresas y no "interferir" en sus juntas de accionistas. Así, la enmienda se aplicará un año después de la entrada en vigor del resto de la norma.
Acuerdo personal entre Zapatero y Durán i Lleida
En este sentido, el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre celebró que el acuerdo para retrasar la entrada en vigor de la prohibición de los 'blindajes' ya que da una "garantía" a las empresas para adaptar sus estatutos con una "transición pacífica" en "aras del bien común y el interés general".
Al mismo tiempo, Sánchez Llibre, ha hecho hincapié hasta en dos ocasiones en que la enmienda aprobada se trata de "un acuerdo personal entre Zapatero y Duran i Lleida adoptado hace 15 días en los términos tramitados".
El socialista Juli Fernández negó que la enmienda obedezca a intereses particulares, ya que corresponde a un compromiso recogido en el programa electoral con el que el PSOE concurrió a las Elecciones Generales de 2008. Asimismo, aseguró que hay un amplio consenso en los sectores mercantiles para modificar un ley que viene desde 1951. "Nadie puede acusar al PSOE de defender intereses particulares, sino todo lo contrario", insistió.
Solicitud a última hora del PP
El PP, a través de su portavoz Juan Manuel Albendea, presentó en el último momento su propia oferta de transacción a la enmienda para proponer un cambio a la Ley del Mercado de Valores en lo referido a la regulación de las Ofertas Públicas de Adquisición (opa), con el objeto de fomentar el control sobre las participaciones y la obligatoriedad solidaria de lanzar opas.
En concreto, el Grupo Popular quería añadir la obligación de lanzar una opa cuando exista un accionista con porcentaje accionarial de control, sin la necesidad de que supere el 30% establecido actualmente para lanzar una oferta de adquisición de acciones.
Asimismo, abogaban por potenciar el control de las inversiones extracomunitarias de más del 25% en el capital de una compañía para evitar aquellas que supongan un "riesgo para la seguridad pública", tal y como ocurre en otros países. No obstante, el PSOE rechazó esta oferta y el PP se decantó finalmente por la abstención.
El miedo del PNV
El orador más crítico con la enmienda socialista fue el portavoz económico de PNV, Pedro Azpiazu, quien denunció que la enmienda "es igual de mala si entra en vigor este año o el que viene" y auguró que perjudicará a los accionistas de Iberdrola y al conjunto de los ciudadanos vascos, por el interés del Gobierno en beneficiar a la constructora ACS.
"No estoy prejuzgando que ACS va a hacer ninguna trastada, lo que estoy diciendo es que si se aprueba esta enmienda, el blindaje decidido por los accionistas para garantizar que la empresa tenga su actividad en Euskadi va a desaparecer y eso es lo negativo", afirmó el diputado, quien arremetió contra el Gobierno por "saltarse la ortodoxia parlamentaria" y contra los diputados socialistas vascos por apoyarla.
Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Ridao, solicitó de nuevo que se "aplace sine die" el debate de esta enmienda, ya que en este momento no se dan las condiciones para un "debate sosegado".
Asimismo, denunció que no se puede legislar para "resolver problemas individuales de amigos" del Gobierno, en alusión al presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, y de ACS, Florentino Pérez, máxime si este reforma deja a empresas "estratégicas" como Repsol e Iberdrola "a merced de los vaivenes de las inmobiliarias y constructoras. "No nos parece razonable", remachó.
En la misma línea se expresó el diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien denunció el "parasitismo" legislativo ejercitado por el PSOE al introducir esta enmienda en una Ley "con la que no tiene nada que ver".
El PNV amenaza con retirar sus apoyos
