
CiU avisa de que respaldará la enmienda si se excluyen a las empresas no cotizadas y familiares. La aprobación de la ley complicaría el apoyo de los nacionalistas vascos a los Presupuestos de 2011
Pocas veces se han visto tan preocupados y molestos a los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco (PNV) como con la pretensión de José Luis Rodríguez Zapatero de eliminar los blindajes, las limitaciones de voto a través de la improvisada enmienda a la Ley de Auditoría.
Tras varias semanas reclamando la retirada de la enmienda y explicando los efectos perniciosos que puede llegar a desencadenar, llega el momento de utilizar las últimas bazas antes del día 6 de abril. Es el momento de poner sobre la balanza el intercambio de apoyos, para que Zapatero no pierda de vista que necesita aliados parlamentarios. Los dos grandes retos que tiene ante sí el presidente son el Plan Anticrisis y los Presupuestos para 2011 y para ambos necesita apoyos, que hasta ahora sí le había prestado el PNV. Será difícil que esto se mantenga si prospera la enmienda antiblindajes que lidera personalmente el propio José Luis Rodríguez Zapatero.
Durante estos cuatro días festivos de Semana Santa, el PNV tenía previsto intensificar las negociaciones. Los nacionalistas vascos desconocen cuál será la posición final de CiU, que podría decantar la balanza hacia un lado u otro. No obstante, hasta el momento, fuentes consultadas por elEconomista señalan que no hay nada que haga pensar que CiU ha variado su última propuesta, una transaccional por la cual se modificaría parcialmente la enmienda para que su entrada en vigor se demorase un año y que no fuera de aplicación a empresas no cotizadas ni a empresas familiares.
"No hay nada nuevo sobre la mesa", reconocen desde CiU, que insisten en supeditar el respaldo al Gobierno a esos dos puntos para cerrar una negociación que lleva varios meses abierta desde que se plantearon los conflictos de Sacyr en Repsol y de ACS en Iberdrola .
La petición de CiU no habrá caído en saco roto en Moncloa. Con un simple ejercicio de aritmética parlamentaria, el Gobierno se ha dado cuenta de que puede sacar adelante la ley con el apoyo exclusivo del grupo parlamentario catalán y, de paso, evitar el pago de peajes a los nacionalistas vascos, que podrían llegar a condicionar decisiones de fuerte calado económico como, por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado de 2011.
Pero a Zapatero tampoco se le escapa que ese portazo en las narices al PNV tendrá un coste que le puede salir caro. Por tanto, es probable que intente compensar la cesión a los nacionalistas catalanes con un acuerdo más amplio y duradero en el tiempo con CiU para poder desarrollar su política económica sin demasiados sobresaltos. Un detalle que, a buen seguro, los catalanes también tendrán presente.
Llueve sobre mojado
Para el PNV llueve sobre mojado, el malestar con el Gobierno no sólo responde a la enmienda, sino al poco caso que han hecho a sus propuestas industriales con vistas al Pacto de Zurbano o el reciente anuncio de reforma de la Ley Electoral.
Como indicó el propio Iñigo Urkullu, en una entrevista a elEconomista, "este tipo de formas de hacer no ayudan para nada en la relación con los grupos parlamentarios, por lo menos con el PNV". Urkullu señaló que "no se separan los temas", que se " van acumulando", en un contexto en que "no hemos visto ese compromiso por parte del PSOE y del Gobierno español para con el Grupo Vasco, para con el PNV".
Para los nacionalistas vascos está mucho en juego, se trata del anclaje vasco de Iberdrola y Petronor, grupos que además de actividad y empleo, implican una importante fuente de ingresos tributarios, alrededor de 1.000 millones anuales. Tampoco se puede disociar la potente industria auxiliar, a la que van unidos miles de puestos de trabajo. Algo que ahora ven amenazado si el Gobierno capitula ante CiU.