El Gobierno obligará a las autonomías a pagar la cotización de sus funcionarios

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Cuando el Gobierno se propuso reformar el sistema de pensiones no se olvidó de uno de los colectivos más privilegiados del Estado del Bienestar: los funcionarios. En su propuesta de reforma de la Seguridad Social, el Ejecutivo obliga a que los funcionarios de las Administraciones autonómicas se incorporen al Régimen General de la Seguridad Social.

Esta modificación no tendría carácter retroactivo, pero afectará a todas las contrataciones que se realicen en las Administraciones periféricas una vez la medida entre en vigor. Los funcionarios que actualmente se encuentren en este sistema no sufrirán un cambio de régimen y permanecerán en él hasta su jubilación.

Esta medida supondrá un aumento, progresivo, del número de contribuyentes al sistema de pensiones, conforme se vayan renovando las plantillas de los servicios públicos autonómicos. Pero al mismo tiempo, el Estado se ahorraría cerca de 3.500 millones de euros en gastos de personal, de donde actualmente se financian las pensiones de los funcionarios. Y es que los trabajadores del sector público no sólo tienen derecho a tener un empleo para toda la vida, un 10 por ciento más de descuento en los fármacos, sistemas de sanidad privado, sino que también se mantienen en un régimen de pensiones exclusivo.

Actualmente, todos los funcionarios dependientes de la Administración Central (880.000) y más de la mitad de las autonomías (unos 440.000 del total de 813.000) permanecen todavía en una especie de sistema de pensiones público y de reparto dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, denominado "clases pasivas". Es decir, que sus pensiones se abonan con los Presupuestos Generales del Estado, salvo una pequeña cuota que pagan los propios funcionarios de su salario y que según aseguran expertos de la materia, "no basta para hacer frente al pago de todas las pensiones, ya que la recaudación no se invierte ni tampoco se capitaliza, como sucede en los fondos de pensiones privados". Por ello, actualmente, el déficit corre a cuenta del Estado. Y ésta es la segunda cuestión que el Gobierno quiere modificar.

Hoy por hoy, las Administraciones autonómicas no pagan nada por la pensión de más de la mitad de sus trabajadores (unos 440.000), pero con la nueva modificación tendrán que pagar las cotizaciones de la Seguridad Social de todos sus empleados. Esto supondría el traspaso de parte del gasto del Estado a los Presupuestos autonómicos.

Un régimen diferente

Si los Presupuestos Generales del Estado para 2010 contemplan más de 9.800 millones de euros para sufragar las pensiones de las clases pasivas (esto sin tener en cuenta la pequeña cuota que pagan los funcionarios), de los que aproximadamente un tercio se dedica al pago de las jubilaciones de los funcionarios autonómicos, cuando se realice esta modificación las autonomías se harán cargo de las cuotas sociales de los trabajadores y el Estado se ahorrará esta partida, reduciendo en parte el gasto público. Eso sí, este baile de cifras se realizará de un modo progresivo en el tiempo, ya que a los funcionarios que están en clases pasivas no se les puede quitar ese derecho.

Pero, ¿por qué los funcionarios tienen un régimen diferente? A efectos de gasto, el Estado central paga el sueldo de los funcionarios y todas sus prestaciones. Por tanto, pagar la cotización de Seguridad Social del trabajador o pagarles la pensión directamente no supone gran diferencia en relación a los gastos globales del Estado. El problema se encuentra en el traspaso de competencias. Los funcionarios de las corporaciones locales dependían de clases pasivas, pero en 1988 el Ejecutivo los incorporó a la Seguridad Social. Y es que al trasladar el gasto de pensiones se difiere el gasto en personal a las cuentas autonómicas y locales.

Las transferencias a las autonomías hizo que funcionarios de sectores como la docencia o la justicia, que tienen unos derechos muy arraigados, permanecieran en las clases pasivas, aún cuando había sido trasferida la competencia. El total de estos funcionarios suman 435.000, a los que debe añadirse aquellos que son trasferidos individualmente, por ejemplo ahora al traspasar la Inspección de Trabajo a Cataluña. El resto de empleos para funcionarios que creó la autonomía o que fueron transferidos con menos derechos sí que cotizan a la Seguridad Social.

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