
Durante el año pasado, la Generalitat de Cataluña adjudicó 16.295 contratos, excluyendo los de emergencias, con un importe de 3.884 millones de euros. De estos, dos de cada tres incluyeron cláusulas sociales. Estas obligaciones adicionales se incorporan para promover objetivos sociales y medioambientales más allá de la mera ejecución del contrato.
En concreto, se adjudicaron 11.656 contratos con medidas sociales por un importe de 2.971 millones de euros, "la cifra más alta registrada" según ha informado el Departamento de Economía y Finanzas. El año pasado, la Administración autonómica fue gobernada por ERC hasta mayo y por el PSC a partir de agosto.
Los contratos con medidas sociales supusieron el 76,5% del volumen económico global asignado, así como el 71,5% del número de contratos.
Estos 11.656 contratos incluyeron un total de 22.399 medidas sociales diferentes, lo que representa una media de 1,92 cláusulas por documento.
Las obligaciones más frecuentes fueron las relacionadas con la igualdad de género (61,7%), la estabilidad laboral (34,2%) y la inserción laboral (18,7%). Le siguieron la transparencia fiscal (13,4%), la conciliación familiar (12,7%) y las relacionadas con la mejora de las condiciones laborales (8,5%).
Por tipología, los contratos de suministros fueron los que incorporaron más cláusulas sociales (6.255 contratos), seguidos de los de servicios (4.659) y los de obras (734).