El presidente de Argentina, Javier Milei, ha justificado el veto a la subida de las pensiones y la ley de discapacidad en defensa del equilibrio fiscal de las finanzas públicas, que busca blindar a través de nuevas medidas legislativas como la penalización de presupuestos públicos que incurran en déficit y prohibición de financiar gasto público con emisión de dinero.
"En el último mes, hemos presenciado un nuevo espectáculo lamentable en la política argentina. El Congreso de la Nación impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tantos esfuerzos nos ha costado a todos los argentinos, y que es la piedra angular para lo que nos queda", ha sostenido en un discurso institucional desde la Casa Rosada emitido por televisión.
Al respecto de las leyes vetadas, el mandatario argentino ha señalado que de llevarse a cabo supondrían un aumento de la deuda pública del 70 por ciento y un "endeudamiento adicional de más de 300.000 millones de dólares". "Parece una pretensión noble, pero cuando no hay plata no se trata más que un engaño demagógico de parte de la política, que toma a los ciudadanos como idiotas", ha indicado.
En este sentido, Milei ha achacado la aprobación de las medidas a un intento de la oposición por recuperar el poder, afirmando que la subida de las pensiones o el aumento de las ayudas a los discapacitados aprobadas destruirían "la estabilidad que tanto (nos) ha costado conseguir".
Este jueves el Gobierno argentino afirmó que vetarán "todo lo que (pueda) vetar" tras varios reveses en el Senado, donde se han aprobado medidas como el aumento de la financiación universitaria o fondos para el hospital pediátrico de Garrahan, en Buenos Aires, y denegado el decreto que eliminaba Vialidad Nacional o el que reestructuraba los institutos nacionales del Teatro y de la Música.
Tras realizar un elogioso repaso a su gestión, el presidente ha cargado de nuevo contra la oposición y ha pedido que la población "no se deje engañar por los que ya llevaron al país al pozo del que (están) intentando salir", en un contexto cercano a las elecciones legislativas que se celebrarán en octubre.
Medidas para frenar el gasto público
Igualmente, el presidente de Argentina ha anunciado que prohibirá al Tesoro Nacional que financie el gasto publico "primario" -aquel que no incluye los pagos de intereses de la deuda pública- a través de la emisión de moneda, es decir, "no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central", limitando la política monetaria del país.
Otra medida proclamada por Milei en su discurso establece penalizaciones a "la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal", en una propuesta que busca implementar el equilibrio cero o el superávit en las cuentas públicas.
Además, se impondrán sanciones también a aquellos legisladores que lleven a cabo normas que no cumpla estas reglas. "Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido. Tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan", ha aseverado desde la Casa Rosada.
"Quiero ser muy claro con algo, no hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda, no vamos a volver atrás, no vamos a volver al pasado, no vamos a volver al sendero de la decadencia y al Congreso le digo, si ustedes quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante", ha declarado el político latinoamericano.
Cristina Fernández pide que le quiten la tobillera
Por otra parte, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha solicitado este viernes a la Corte Suprema de Justicia del país que se le retire la pulsera electrónica que lleva en el tobillo para controlar el cumplimiento de arresto domiciliario y que se reduzcan las restricciones de visitas durante su encierro, una medida de internamiento dictada en su contra por el conocido como caso Vialidad.
Así lo ha planteado la defensa de Fernández en un recurso extraordinario presentado ante Cámara de Casación por un fallo del pasado 12 de julio en el ratificaba las pautas de reclusión impuestas por la Justicia argentina a la exmandataria, que cumple arresto domiciliario en su piso de San José 1111, en Constitución.
En lo que a la tobillera electrónica respecta, el juez Diego Barroetaveña ha defendido que se trata del mecanismo más eficaz de control en casos de detención domiciliaria puesto que no solo "permite una modalidad de cumplimiento cualitativamente mejor" que la prisión carcelaria", sino que además evita la "mortificación o estigmatización" de los reclusos, según declaraciones recogidas por el diario argentino 'La Nación'.
Por otro lado, Barroetaveña ha señalado que la solicitud de la defensa Cristina Fernández en relación al régimen de visitas es por el momento "conjetural" ya que no se ha rechazado hasta la fecha visita alguna.
En esta línea, el magistrado ha recordado que incluso se le permitió recibir la visita del presidente de Brasil, Lula da Silva, y ha insistido en que la restricción de visitas -autorización previa para personas no alistadas como familiares o allegados- no es más que una "mínima restricción" y una medida de "precaución" para la seguridad de la expresidenta, cuyo objetivo es "velar por el cumplimiento efectivo de la condena sin desnaturalizarla".
Siempre que sean "pertinentes y estén vinculadas a las condiciones de la condenada", no existen limitaciones para que un juez dictamine normas de conducta, ha concluido Barroetaveña.
También en contra de la demanda de la defensa de Fernández se ha manifestado el juez Mariano Borinsky, quien ha explicado que "el juez de ejecución tiene jurisdicción en lo que se refiere exclusivamente al control sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas a un condenado" y ha puntualizado que de momento no hay motivos para el cambio de domicilio --también solicitado--, lo que no quita que en el futuro pueda considerarse, informa el mismo medio.
Por último, el magistrado Gustavo Hornos ha desestimado los argumentos presentados por la acusada, avalando tanto la implementación de la tobillera electrónica de control como la exigencia de contar con permiso judicial para recibir visitas no incluidas en la lista previamente aprobada: "El proceso penal y su sanción constituyen el más poderoso medio del que dispone el Estado para restituir el orden quebrantado", ha argumentado.
Un tribunal de Buenos Aires concedió a mediados de este pasado junio el arresto domiciliario a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de la postura de los fiscales, que habían pedido que cumpliera la condena de seis años de prisión por la causa Vialidad en la cárcel.
Para solicitar el arresto domiciliario, la defensa de Kirchner se apoyó en la edad de la expresidenta (72 años) y en que es "obligación" del Estado "velar por la seguridad de quienes ejercieron en el pasado la titularidad del Poder Ejecutivo". También recordaron que sufrió un intento de magnicidio.
Kirchner fue condenada por haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos. La expresidenta, que niega los cargos, ha denunciado que es víctima de una persecución política y judicial.