El Tribunal de Cuentas ha publicado este martes su evaluación de los ERTE, la política de empleo desplegada en el marco de la pandemia para evitar que se produjeran despidos masivos y que permitió que miles de empresas recortasen la jornada de sus trabajadores o suspendieran temporalmente sus contratos de trabajo. El órgano señala que hubo deficiencias en la tramitación de estas ayudas y denuncia la falta de personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la que solo un 11.688 empresas de las 278.757 señaladas por Seguridad Social por diferentes incumplimientos han sido fiscalizadas. Todas ellas se vieron beneficiadas por la exoneración de las cotizaciones aplicada durante el periodo más grave de la pandemia y habrían cometido diferentes errores.
Esta es una de las conclusiones que se desprende del informe de fiscalización que estudia el periodo 2020-2022 y que se publica tres años después de la puesta en marcha de esta política de empleo. "El resultado del análisis de esta información –efectuado por la TGSS y facilitado a este Tribunal– ha permitido detectar a dicho servicio común algunos indicios de incumplimiento de la normativa aplicable en materia de exoneración de cuotas derivadas de los ERTE-COVID" recoge el documento, unos indicios que fueron puestos a disposición del organismo fiscalizador, puesto que los periodos de inactividad de los trabajadores no coincidían con el tiempo en el que se había recibido la prestación o no se habían cumplido algunos de los requisitos exigidos por la normativa para la exoneración.
El informe explica que tras la irrupción de la pandemia, dado que la Tesorería General de la Seguridad Social no contaba con la información para certificar que la inactividad de los trabajadores respondía a un proceso de ERTE, la exoneración de la aportación empresarial se aplicó basándose en la información aportada por las compañías en las declaraciones responsables. No obstante, las actuaciones de control llevadas a cabo por este organismo con carácter posterior afloraron indicios de incumplimiento que podrían afectar a 278.757 empresas y a más de 1,7 millones de trabajadores. Por lo que concluye que el alcance de las campañas de la Inspección para evitar que se cometieran fraudes tanto con las prestaciones por desempleo como con las exoneraciones fueron insuficientes.
"El alcance de las actuaciones desarrolladas por este organismo autónomo, en este ámbito, se ha visto limitado, hasta la fecha de finalización de los trabajos de fiscalización, a la inspección de 11.68877 empresas, regularizando un importe de 75.949.433 euros como consecuencia de las exoneraciones de las cotizaciones sociales practicadas a 55.558 personas trabajadoras. Estas actuaciones están muy alejadas del elevado volumen de indicios de incumplimiento comunicado por la TGSS, debido a la imposibilidad de atender dicha carga de trabajo con los medios personales de que dispone la ITSS, revelándose insuficientes para dar cumplimiento al mandato legal establecido en esta materia en situaciones excepcionales como la derivada de la pandemia del COVID" denuncia el Tribunal de Cuentas.
El informe recoge que el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo también llevó a cabo actuaciones dirigidas a controlar el posible fraude respecto al cobro de prestaciones económicas. Entre 2020 y 2023 se inspeccionó a un total de 46.556 empresas con este objetivo, entre las que se identificaron más de 6.000 infracciones por las que se pusieron sanciones que ascendieron a 29,5 millones de euros. No obstante, pone el foco en los escasos medios de personal con los que contaba al no haber sido aprobada la nueva relación de puestos -el documento por el que se refuerzan las plantillas públicas- al acabar el periodo analizado por el Tribunal de Cuentas.
El documento recoge que entre marzo de 2020 y enero de 2024 se abonaron más de 24 millones de prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE-COVID, siendo el mes de mayo de 2020 en el que se alcanzó un mayor nivel de cobertura con un 22% de los afiliados a la Seguridad Social protegidos por este 'escudo social'. Es por ello que el Tribunal reconoce el "elevado grado de protección logrado con esta prestación dirigida a paliar los efectos negativos de la pandemia", que solicitaron más de medio millón de empresas que estuvieron en situación de inactividad (el 40% de las que tienen trabajadores en España). Sin embargo, denuncia que el hecho de que participasen diferentes órganos en cada autorización dio lugar a "duplicidades" y a que la autorización de los ERTE fuera efectuada por organismos que no eran los competentes.