El Ministerio de Trabajo envío hace un mes al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas. Tras varios enfrentamientos en el seno del Gobierno, la cartera de Yolanda Díaz se mostraba confiada en conseguir los apoyos de Junts, sin embargo, la semana pasada lanzó el mensaje de que si no conseguía aprobar la norma, sacaría adelante los cambios en el registro horario a través de un desarrollo reglamentario, lo que alimentó las dudas ya existentes de la patronal y los sindicatos. No obstante, el recurso a esta fórmula dejaría en el tintero cambios de calado sobre esta materia, como el endurecimiento de las sanciones.
El texto redactado por el Gobierno, que se encuentra en plazo de enmiendas en la Cámara Baja, prevé una modificación del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que no se podrá abordar mediante Real Decreto. Sin el respaldo de los grupos parlamentarios, el Ejecutivo solo puede sacar adelante un reglamento que tenía previsto elaborar en cualquier caso para detallar la aplicación de los cambios en el registro horario, que pasaría a ser digital y al que tanto la Inspección de Trabajo, como los representantes de los trabajadores, pasarían a tener acceso en remoto.
Fuentes sindicales defienden que con aplicar estas modificaciones sería suficiente para hacer mucho más eficaz la obligación introducida por el Gobierno socialista en 2019 para el conjunto de las empresas, no obstante, fuentes próximas al Ministerio de Trabajo reconocían hace solo unas semanas que el registro -entendido como una pieza fundamental en la reducción de jornada- quedaría descafeinado si no salían adelante los cambios de rango legal. El motivo es que la propuesta de Trabajo, que traslada el acuerdo alcanzado con CCOO y UGT, retoca la Ley de Sanciones para fijar que las sanciones se impongan por trabajador y no por empresa, lo que podría elevar sustancialmente estas multas.
Además, el Proyecto de Ley agravaba las sanciones que podían imponerse a las empresas por incumplir las obligaciones sobre el registro de jornada, al pasar a ser consideradas como incumplimientos muy graves en materia de relaciones laborales. Con este giro, las multas pasarían de ser de entre 751 y 7.500 euros por compañía a elevarse hasta la horquilla comprendida entre los 1.000 y los 10.000 euros por cada trabajador.
El texto acordado con las organizaciones sindicales también extendía esta penalización a los límites de la jornada, las vacaciones, las horas extraordinarias, los descansos o la regulación del trabajo nocturno. No obstante, en estos supuestos solo se impondría una multa por empresa. Si bien, sus cuantías podrían alcanzar cifras más elevadas si se desprendía que el exceso de jornada o la vulneración del descanso del trabajador había supuesto un riesgo grave para su salud y su seguridad. En este caso, pasaría a tratarse como un incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos, con sanciones de entre 2.451 euros y 983.736 euros, en función de su gravedad.
Sin embargo, el Gobierno tendría que renunciar a todas estas modificaciones si decide esquivar al Congreso de los Diputados a la hora de cambiar el registro horario. Es decir, el Real Decreto no es la única herramienta que tiene el Consejo de Ministros en su mano, pero todas las alternativas implican una votación en la Cámara Baja que respalde los cambios legales. Las fuentes jurídicas consultadas explican que Trabajo podría recurrir a un Real Decreto-ley y argumentar que responde a una necesidad urgente o a un Real Decreto legislativo. En ambos caos estaría obligado a someterse al examen de las cámaras, por lo que se descarta que se vaya a decantar por ellas.
Cuando se cumplen seis meses del cierre de la mesa de negociación con la patronal y los sindicatos, el problema para Díaz sigue focalizado en conseguir el respaldo de Junts, mientras las patronales catalanas manifiestan su rechazo al recorte de jornada por ley. Dentro de CEOE, Foment del Treball se ha encargado de liderar las conversaciones con las formaciones políticas para buscar que presenten una enmienda a la totalidad, que por el momento solo ha anunciado Junts.
No obstante, desde el Gobierno confían en poder explorar un acuerdo a través de la catalana Pimec, que se ha mostrado menos reacia a implantar este cambio legal pese a demandar una serie de compensaciones para las pymes de los sectores que se verían más afectados.