Las bajas de afiliación por causas clasificadas como despido sumaron un total de 249.813 en el primer trimestre del año, un 3,65% menos que hace un año, en lo que supone su primer retroceso desde la aprobación de la reforma laboral tras haber superado el umbral del millón de ceses en 2024. Pero este dato en apariencia positivo, siembra dudas, ya que viene contrarrestado con otro claramente preocupante: la precariedad vuelve a ganar terreno. Las extinciones por el fin de los contratos temporales vuelven a subir, un 5,5% y alcanzan los 2,2 millones, seguidas por las más de 900.000 bajas de fijos discontinuos inactivos, que crecen un 7,7%.
Los datos corresponden a un primer trimestre no demasiado positivo en términos de creación de empleo, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), aunque la contratación creció. Lo que implica que, factores estacionales, como el retraso de la Semana Santa, aparte, la volatilidad de los empleos sigue siendo el motor del mercado laboral español, a pesar de que la nueva legislación pretendía enfriarlo.
Los despidos cayeron con fuerza en enero y febrero (un 6% y un 9% interanual) para repuntar un 5% en marzo. Esto deja un inédito saldo negativo trimestral, que contrasta con el hecho de que las extinciones por el fin de un contrato temporal llevan cuatro trimestres de crecimiento interanual consecutivo.
¿Cómo interpretar estas tendencias? ¿Significa que el mercado laboral ha absorbido los efectos de la nueva legislación, tres años después? ¿Supone una pérdida de dinamismo del mercado laboral que se traduce en que la temporalidad gana peso? En definitiva: ¿han tocado definitivamente techo los despidos tres años después del cambio legal?
El auge de los despidos es uno de los fenómenos más llamativos tras la reforma laboral. En términos acumulados desde la aprobación de la norma a cierre de 2021 han aumentado un 69,7%, un incremento por los contratos indefinidos, que han aumentado un 109,,7%, a pesar de considerarse mucho más difíciles, y caros, de extinguir que los temporales. Aunque esta visión corresponde a un tiempo en el que solo suponían 1 de 10 de los que se firmaban.
Con la reforma aumentaron a 4 de cada 10 y los asalariados fijos han pasado del 62,8% al 78,9% de los afiliados al Régimen General. La mayor estabilidad del empleo es uno de los factores clave que asientan el repunte de la afiliación, que registra récords por encima de los 21,5 millones. Pero esta mejora no ha sido suficiente para acelerar el retroceso del paro (España es el único país europeo con una tasa de doble dígito) o la elevada rotación de los empleos, que supera a países con una tasa de empleo temporal mayor que la nuestra.
¿Abuso de despidos y periodo de prueba?
Esto ha derivado las miradas hacia los despidos de los indefinidos recién contratados y el abuso del periodo de prueba. El hecho es que incluso el propio Gobierno considera que los despidos se consideran una consecuencia natural del mayor número de contratos fijos. El problema es que la mayoría, el 54%, de los que registra la Seguridad Social son disciplinarios individuales.
Es una modalidad que no conlleva indemnización, aunque en la práctica se negocia y al final se acaba abonado una indemnización cercana al despido improcedente de 33 días por año, frente a los 20 días de un despido objetivo con casa justificada. Aunque el despido es más caro, ese coste es asumible para contratos que llevan poco tiempo en la empresa.
Esta fórmula no es nueva. Es una práctica habitual desde que la anterior reforma, la de 2012, eliminó el despido exprés que permitía admitir la improcedencia en el momento mismo del cese (entonces pagando 45 días por años). Pero que se confirmen como la primera causa de despido en el momento actual, es un indicio de que muchas empresas utilizan esta fórmula para sortear las restricciones a los contratos temporales.
Estos indicios justifican el interés de los sindicatos y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por reformar el despido para introducir indemnizaciones "disuasorias" que superen el tope legal actual de los 33 días por despido injustificado, en función del daño causado al trabajador. Pero no es previsible que este melón llegue a abrirse en la presente legislatura, pese a las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales que han provocado no pocas fricciones entre el PSOE y Sumar.
En este escenario, irrumpen las bajas por no supera el periodo de prueba. No son despidos ni conllevan indemnización ni requieren apenas justificación. Su duración (seis meses de máximo para técnicos titulados, es decir, profesionales más cualificados, pero 2 meses para el resto) la hace óptima para trabajos de corta duración. Y ha registrado un incremento mucho más intenso que los despidos entre los indefinidos. Pero esta evolución también se ha detenido en el último año entre los indefinidos y cae un 1,7%, hasta los 155.000.
¿Americanización del empleo?
Una de las explicaciones al frenazo de las bajas por ceses es la estabilidad del número de contrato indefinidos y temporales firmados. Se mantienen prácticamente en 'punto muerto' desde hace dos años y medio, algo coherente con un mercado laboral en el que el empleo fijo ha ganado peso. Aunque hablar de 'estabilidad' con casi 400.000 ceses de indefinidos por trimestre es discutible.
Según algunos analistas, esto no es necesariamente malo si lo entendemos en términos de dinamismo del empleo, en línea con economías como la estadounidense, con mucha menor 'rigidez' de la contratación y que tiene casi tres veces menos paro que España. Esta 'americanización' del mercado laboral española ha estado en la base de la defensa del abaratamiento del despido parce haberse logrado con una norma que no entraba en esta cuestión. Pero este diagnóstico no tiene en cuenta el peso de los contratos de duración determinada, inconcebible en Estados Unidos.
Cada mes se firman un 29% más de contratos temporales que indefinidos, pero las bajas por caducidad de los primeros multiplican por 9,3 veces a los despidos de los segundos y por 5,6 al total de ceses de indefinidos.
El descenso de los eventuales pivotó sobre la desaparición de la modalidad de obra y servicio. Ahora solo hay contratos temporales de duración determinada desde la firma (salvo en casos de sustituciones o contratos de relevo). Pero esto ha llevado a que aunque se firmen menos contratos, estos sean más cortos, lo que redunda en que la volatilidad de la afiliación temporal no se haya reducido tanto como el peso de los asalariados con este tipo de empleos.
Es más, tras dos años interrumpidos a la baja (entre 2002 y 2023), las bajas vuelven a repuntar dese 2024.Aunque la volatilidad estacional de estos datos ayuda a disimular la tendencia, acumulamos ya cinco trimestres de repute interanual y se mantiene en niveles propios de 2013.
La mejora sigue siendo es notable si nos remitimos a los años inmediatamente anteriores a la pandemia, sobre todo 2018 y 2019, pero para hacer la comparativa hay que tener en cuenta a los fijos discontinuos. Hablamos de contratos indefinidos pero ligados a actividades estacionales, y aunque su peso en el empleo es pequeño (apenas llegan al 6% de los asalariados), su pase a la inactividad en la segunda causa de baja de afiliación, muy por encima de los despidos.
En el primer trimestre de 2025, sumaron 909.192, un 7,7% más que un año antes y no han dejado de crecer desde la aprobación de la reforma laboral. Su ventaja sobre los temporales es que la empresa solo puede extinguir el contrato por un despido, con las indemnizaciones habituales de entre 20 y 33 días, mientras que los temporales (si bien pueden ser despedidos) pierde su empleo por que el contrato cumple su duración, en cuyo caso solo perciben 12 días por años trabajado.
Pero cuando un fijo discontinuo pasa a la inactividad hasta nuevo llamamiento no recibe compensación alguna 8salvo la liquidación de las vacaciones y poco más) porque, técnicamente el contrato siga vigente. Esto les convierte en temporales de facto y un problema para el Gobierno, que ha endurecido el control sobre esta figura.
Y es que, aunque el Ejecutivo defiende que la reforma no ha cambiado la naturaleza de estos contratos, que existen desde hace décadas, el hecho es que introdujo cambios notables para flexibilizar su uso. El más importante, que las ETTs puedan hacerlos para prestar sus servicios. Los resultados saltan a la vista: las bajas por inactividad se han disparado un 591% respecto a los niveles previos a la pandemia.
Este espectacular repunte mantiene las bajas de afiliación ligadas a actividades eventuales, es decir, la temporalidad empírica, en niveles mucho más cercanos a los anteriores a la reforma de lo que estima el Gobierno, que acaba de convocar un comité de expertos para evaluar los efectos de la norma en sus tres años en vigor.
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