
El tejido empresarial catalán se mantiene a la espera sobre la guerra comercial iniciada por EEUU. Pese a que el Govern de Salvador Illa ha activado distintas líneas de ayudas para compensar los aranceles adoptados por la superpotencia, apenas unas pocas empresas han solicitado información sobre estas medidas.
Lo ha reconocido este martes la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, en una comparecencia en el Parlament. La responsable ha trasladado que solo ha habido cuatro llamadas al Institut Català de Finances (ICF) para recibir asesoramiento sobre las ayudas del ejecutivo autonómico. Ha puntualizado que todavía no se ha realizado ninguna tramitación para acceder a estas ayudas públicas, que se anunciaron el pasado 7 de abril y se recogen en el autodenominado Pla Responem.
Por otro lado, Acció, la agencia para la competitividad empresarial del Govern, ha recibido unas 80 solicitudes de información en relación con los aranceles. Hay que tener en cuenta que esta entidad cuenta con oficinas en Nueva York, Washington, Miami, Austin y Silicon Valley.
Por ahora, los aranceles que afectan a las empresas catalanas, al igual que las españolas y las del conjunto de Europa, son del 10% y se ha abierto un compás de negociación de 90 días por parte de la administración Trump.
"En ocasiones se hace un discurso alarmista", ha alertado Romero, que ha querido enviar un "mensaje de tranquilidad". "Tanto los sindicatos como las patronales en este momento nos señalan que no hay llamadas de alerta por la política arancelaria", ha añadido. Pese a ello, ha manifestado que el gobierno catalán sigue monitorizando la crisis desatada por EEUU para ser "ágiles" en caso de que haya que tomar nuevas decisiones.
Por otro lado, la consellera ha defendido que "EEUU continúa siendo un mercado interesante para las empresas catalanas", en parte por su "alta renta per cápita" que favorece una mayor adquisición de bienes y servicios.
Paquete de 1.500 millones
Hace unas semanas, Cataluña anunció 1.500 millones de euros en créditos y ayudas para contrarrestar los aranceles impuestos por el presidente de EEUU, Donald Trump, a la Unión Europea (UE). Este mismo martes, el Govern ha aprobado un nuevo suplemento de crédito a las finanzas de la Generalitat, dotado con 1.301 millones de euros, de los cuales una parte (300 millones) se destinarán a cubrir este plan. Este suplemento se aprueba tras un primer suplemento de 2.168 millones, que salió adelante a finales de marzo, y se convalidará en el Parlament la semana que viene.
La administración autonómica garantizará 900 millones de euros vía créditos blandos y avales a través del ICF. Además, se transferirán 300 millones de euros mediante ayudas directas al sector agroalimentario, parte de ellas a fondo perdido. El gobierno catalán ha identificado como industrias especialmente sensibles los productores de aceite y vino.
En paralelo, se vehicularán otros 300 millones de euros en distintas medidas: operaciones de fondos de inversión públicos para tomar participaciones empresariales, a través del ICF y Avançsa (150 millones); asesoría y acompañamiento para impulsar la diversificación de mercados (130 millones), y campañas de promoción para potenciar los productos catalanes en mercados estratégicos (20 millones).
Entre los sectores catalanes más expuestos al comercio con el gigante atlántico se encuentra la perfumería, incluidos grandes grupos como Puig. Por tipología de productos, se trata del nicho más afectado, seguido de las exportaciones de productos farmacéuticos, maquinaria, plásticos y productos químicos orgánicos.