Salvador Illa respira con cierta tranquilidad al frente de la Generalitat de Cataluña. Gobernar sin presupuestos es el gran escollo para cualquier Ejecutivo, pero, de momento, lo está salvando gracias a sendos acuerdos alcanzados con sus socios prioritarios -ERC y los Comuns- para la inyección de suplementos de crédito a las cuentas públicas.
De este modo, el Govern, que trabaja con los presupuestos prorrogados de 2023, se está ganando la estabilidad financiera a base de negociaciones. Pese a que su intención era aprobar un único decreto de 4.000 millones de euros, no le está quedando más remedio que llenar la hucha dividiendo las partidas con el fin de lograr el consenso con sus socios de investidura.
Bajo este escenario, el vicesecretario de Comunicación de ERC, Isaac Albert, ha anunciado en rueda de prensa un pacto para aprobar en el Consell Executiu de este martes un nuevo suplemento de 1.300 millones de euros. Ha detallado que casi 1.000 millones servirán para mantener el techo de gasto de la Generalitat y adaptar los salarios de los funcionarios a la subida del IPC, mientras que el resto del monto irá destinado a financiar el plan para hacer frente a los aranceles impuestos por Donald Trump anunciado por el propio Illa a principios de mes.
El acuerdo recoge que se impulsará una línea de ayudas destinada tanto a empresas exportadoras como aquellas auxiliares de estas que acrediten una pérdida mínima, de carácter directo o indirecto, del 10% de su facturación a causa de los aranceles aprobados por Estados Unidos.
No obstante, según el portavoz de ERC, el reparto de esta última partida deberá concretarse en un grupo de trabajo que se constituirá a posteriori. "Hemos evitado dar un cheque en blanco", ha dicho Albert. Esquerra estableció diversas condiciones a la hora de la negociación. Las principales se centran en que el otorgamiento de las ayudas esté condicionada a la "estabilidad del mercado laboral", es decir, que toda empresa que las reciba habrá de mantener la plantilla y las condiciones salariales.
Además, el segundo gran condicionante es ampliar las ayudas a todas aquellas empresas que, sin exportar directamente a Estados Unidos, formen parte de la cadena de valor empresarial y económica y que puedan verse afectadas por la crisis arancelaria. La formación ha informado, por otro lado, de que 20 millones de euros se repartirán entre el sector agroalimentario, que también se ha visto impactado por las recientes granizadas, así como que otros 10 millones de euros extra irán a mejorar las infraestructuras agrarias con el fin de dar respuesta a episodios climatológicos adversos.
Por su parte, los Comuns reclaman destinar 20 millones de euros a la energética pública de la Generalitat, que opera bajo la marca L'Energètica, para nuevos parques solares fotovoltaicos y puntos de carga para coches eléctricos, una petición que ha sido aceptada. Estaba prevista para esta tarde una comparecencia de la consejera de Economía, Alícia Romero, y la líder parlamentaria de los comunes, Jéssica Albiach, pero se ha desconvocado ante la crisis por el apagón eléctrico en toda España -con excepción de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla-. Illa ha reunido un comité desde las 14.00 horas en el Palau de la Generalitat.
Sin embargo, quedan demandas pendientes de los Comuns. La formación reclama que el Govern eleve en 250 millones los recursos propios que la Generalitat dedica a la vivienda, para alcanzar un total de 850 millones millones, lo cual sería la cifra más alta dedicada a esta carpeta. La coordinadora del partido, Candela López, ha señalado que el objetivo que persiguen es que esta sea la partida anual "más cuantiosa" que haya destinado la Generalitat en vivienda pública, puesto que a los 850 millones de recursos propios se sumarían 600 millones más vía crédito. También reclaman poner en marcha un cuerpo de inspectores que garantice el cumplimiento de la ley de vivienda, con al menos 100 efectivos, y desplegar la ley de salud bucodental. No obstante, estas peticiones ya se producirán en el marco de un tercer suplemento, ya que todavía queda por negociar un paquete de casi 500 millones de euros.
El anuncio llega prácticamente un mes después de que acordaran un primer suplemento de 2.168 millones de euros, que deberá ser convalidado en el primer pleno del Parlament de mayo, los días 6, 7 y 8, con los votos de socialistas, republicanos y comunes.