Madrid 
La Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) estima que la reforma de las pensiones que impulsó y aprobó el exministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, elevará la edad efectiva de jubilación a los 66,2 años -anteriormente estaba en 65,2-. Esto se debe a que proyecta que el 30% de las personas en edad de jubilarse decidirán atrasar su retiro tres en 2035, hasta los 68 años. El organismo dirigido por Cristina Herrero hace estimación dentro de los documentos técnicos que ha publicado este jueves y que dan soporte a la opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas a largo plazo presentada el pasado 31 de marzo -en la que incluyó el examen a la reforma del sistema público-.
Así como la edad en la que se pondrá fin al trabajo se va demorando, la remuneración que se recibirá por la pensión irá en aumento. Esto se debe a los incentivos de demora que se establecieron en la ley: "La reforma de 2021 modifica los incentivos a demorar la jubilación y los castigos por anticipar", señala el documento de la Airef. Este fue uno de las medidas adoptadas por los negociadores en la mesa de diálogo llevada a cabo entre 2021 y 2023 para contener el gasto en pensiones, después de años en los que las grandes habían recurrido a las prejubilaciones como vía para recortar plantillas, introduciendo un peso extra al sistema.
El impacto de estos incentivos es muy distinto en función de la vía que se elija de las tres previstas en la norma. La AIReF detalla que si se opta por un incremento en la nómina mensual sobre la cuantía que le habría correspondido si no retrasase la jubilación se traduciría en un aumento de la tasa de reemplazo y la pensión media. Es decir, se cubriría un mayor porcentaje del último salario con la nómina de la pensión. En cambio, si se decanta por recibir un pago único a tanto alzado esta tasa disminuiría y lo haría más, cuanto más gente la demorase. Aun así, en cualquier caso, la pensión media se elevaría un 27% hasta los 1.875 euros en el año 2050, como consecuencia de que un mayor número de trabajadores se jubile más tarde de la edad que le correspondería por ley.
Este alza se debe a la derogación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP)en la última reforma de las pensiones, un indicador que estaba ligado a la evolución de las cuentas de la Seguridad Social -que suelen cerrar con un resultado negativo- y que en consecuencia, limitaba el alza anual de las prestaciones al 0,25%. La misma ley también acabó con el Factor de Sostenibilidad que actuaba de forma directa sobre la pensión de entrada, al vincular la revalorización a la esperanza de vida.
Los datos de la autoridad independiente reflejan un descenso de 10 puntos en las jubilaciones anticipadas, que se extenderá durante 2025, y un aumento de las jubilaciones demoradas que pasan de suponer algo menos del 5% total de las jubilaciones (según la media de los últimos diez años) hasta el 11,3% en el dato acumulado de 2025. Además, la AIReF detecta que esta norma también ha recortado el número de meses en los que se anticipa el retiro y que los trabajadores con nóminas más altas, han dejado de anticipar su jubilación en mayor medida, debido a las penalizaciones introducidas en la misma norma.
El gasto alcanzará el 16% del PIB
La previsión de la Airef estima que el gasto de las pensiones de cara a 2050 se incrementará un 4%, por lo que alcanzará el 16,1% del PIB. Según las estimaciones, esta cifra descenderá hasta el 14,7% para el año 2070. Cabe destacar que en el año 2023, el gasto de las pensiones representó el 12,9% del PIB. En los próximos años, sin embargo, seguirá una evolución al alza por el aumento del número de pensionistas, que estos accederán con una pensión cada vez mayor y que se actualizarán anualmente de acuerdo al IPC.
No obstante, el envejecimiento población no solo tendrá efectos en las pensiones dentro de las cuentas públicas. Las partidas de sanidad y de los cuidados también se verán tensionadas por este cambio demográfico. La AIReF ha proyectado que el gasto sanitario aumentará en 1,4 puntos entre 2023 y 2050 y en otra décima hasta 2070. Al tiempo que el gasto en cuidados lo hará en otros 0,7 puntos del PIB y en tres décimas adicionales hasta 2070. En paralelo, se recortará el presupuesto destinado a Educación, por la reducción del número de menores.